Tras el debate sobre la reforma de la Ley de Alquileres, un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó con el despacho del proyecto para la creación de un “Fondo Nacional” para pagarle al FMI a partir de la recuperación de “dólares fugados”, que fue aprobado en mayo pasado en el Senado.

Con el acompañamiento del misionero Diego Sartori, el Frente de Todos se alzó con el dictamen de mayoría -que reproduce la media sanción- con 41 firmas, mientras que Juntos por el Cambio suscribió un dictamen de rechazo, con 36 firmas. Por su parte, la diputada Graciela Camaño del interbloque Federal presentará este jueves por la mañana su propio despacho.

Según el proyecto, impulsado por el kirchnerismo, este Fondo se constituirá por lo recaudado a partir de “un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP”.

Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.

La iniciativa introduce la figura del “colaborador”, que será “cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”.

El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información del colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados. Asimismo, prevé una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.

Por más de media hora, defendió el proyecto el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quien explicó que la iniciativa “pone en el centro la cuestión histórica de la fuga de dólares, la evasión impositiva y cuáles pueden ser las formas posibles de afrontar el pago de la deuda con el Fondo”.

“El objetivo es obtener los fondos para hacer frente a la deuda heredada sin que eso afecte las posibilidades que el país tiene de utilizar sus recursos para mejorar la calidad de vida de la población”, resaltó y precisó que debería verse como una “doble expresión, porque en la negociación de la deuda heredada se obtuvo un amplio plazo que hace que hasta el 2026 esta deuda no genere erogaciones, por lo cual tendremos bastante tiempo, una vez sancionada la ley, para que los mecanismos allí dispuestos vayan generando resultado que permitan acumular recursos para que cuando lleguen los vencimientos podamos hacerlo sin afectar la políticas de crecimiento, de desarrollo”.

A su vez, el oficialista remarcó que “lo interesante del proyecto es que lo hace a partir de gravar a aquellas personas residentes que no cumplieron con las leyes impositivas del país, que evadieron el pago de impuestos que les correspondía efectuar al haber obtenido importantes ganancias en nuestro territorio y que las mandaron al exterior”.

“La oposición podría muy bien acompañar este proyecto sin entrar en contradicción con su postulado de no crear nuevos impuestos ni aumentar alícuotas, porque no se habla de eso, sino de que cumplan con las obligaciones contraídas y con la plata que ganaron bajo leyes vigentes, porque la que se llevaron afuera primero la ganaron acá”, enfatizó el porteño.

Y agregó: “Se la llevaron sin declarar y entran en todas las variantes de contrabando, fuga, todos los ilícitos que queramos imaginar y que permitieron que esos fondos estén en otros destinos habiendo eludido cumplir con las leyes vigentes en la Argentina”.

Tras leer el informe del Banco Central sobre la fuga de capitales durante la gestión anterior, el diputado insistió que se trata de “cobrarle a quienes fugaron dólares, no crearle ningún nuevo cargo, para quienes se han beneficiado con políticas de endeudamiento contribuyan a cancelar los montos adeudados con el FMI sin que lo pague el pueblo”.

Desde la oposición, el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz consideró que el proyecto debía ser girado a la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias -que él preside-, porque “es una cuestión de incumplimiento de normas tributarias”.

“Si entendemos que el dinero es fungible nos vamos a ahorrar un montón de discusiones. No tiene mucho sentido el destino de los fondos”, opinó y se preguntó: “¿Por qué no recuperamos el dinero de todos los evasores como los locales? ¿A esos no los vamos a buscar o su dinero no sería útil? ¿Por qué solo a los fugadores que se la llevaron a una cuenta off-shore y no a los que la tienen en cajas de seguridad?”.

En esa línea, el economista lanzó que “no se entiende por qué hay fugadores buenos y malos”, y reiteró que “no tiene sentido que queramos usar la plata depositada en una cuenta afuera y no queramos usar la plata de una caja de seguridad local”.

Cargando contra la gestión anterior, el oficialista Sergio Palazzo aseguró que el préstamo tomado por Mauricio Macri con el FMI “fue una gran estafa en la Argentina”. Por eso, expresó su apoyo “firmemente” al proyecto, ya que “pone en clave de justicia el interrogante más grande sobre quiénes tienen que pagar la deuda; y para nosotros la tienen que pagar los evasores”.

“(La deuda) no se la tenemos que hacer pagar a los trabajadores y a los sectores productivos, sino a los evasores. Y mucho menos me quedó con el discurso de que los argentinos nos tenemos que enamorar de Christine Lagarde porque nos prestó la plata, en todo caso los argentinos nos enamoramos de Yrigoyen, Belgrano, Moreno, Alfonsín, Illia, Perón, Evita, Kirchner y Cristina”, agregó.

En contra del proyecto, desde el interbloque Federal, la legisladora Graciela Camaño señaló que “por supuesto que no se puede estar en desacuerdo en perseguir a los evasores”. “El Estado debe poner todos los esfuerzos en esa persecución y que esa persecución sea eficaz, algo que evidentemente no está ocurriendo desde hace muchos años”, resaltó, al tiempo que explicó: “No advierto que con este proyecto de ley vaya a ocurrir. Se le está pidiendo a un texto una función que no la va a poder cumplir”.

“Estamos frente a un impuesto”, afirmó y aclaró que “en tanto norma impositiva, debió haber ingresado por la Cámara de Diputados”. Al subrayar que la iniciativa “es absolutamente inconstitucional” y también “vulnera el Pacto de San José de Costa Rica”, la bonaerense dijo: “Estamos dejando abierta una ventana para una objeción que pueda hacer la Justicia”.