En una extensa exposición, a la que le siguieron varias preguntas de legisladores, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, se presentó este miércoles ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados para defender el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, con media sanción del Senado.
Tal como se esperaba, el funcionario abundó en críticas a la
Corte Suprema, al denunciar una “intervención política” en el Consejo, al cual
“se metió por la ventana” a través de un fallo en el que “atentaron contra la
división de poderes”. “Es absolutamente necesario que avancemos en sancionar
una ley y ponerle fin a este entuerto”, señaló.
Al recordar su exposición el 22 de marzo pasado en el
Senado, mencionó que en ese momento “faltaban apenas tres semanas para que
operara el plazo, plazo impuesto lamentablemente y perentoriamente por la Corte
Suprema” que vencía el 15 de abril y “había fijado 120 días para la sanción de
una nueva ley”.
Soria subrayó que ese fallo del 16 de diciembre de 2021
representó “una profunda gravedad institucional que revestía que el Congreso de
la Nación se viese obligado a legislar bajo presión”.
“Lamentablemente hoy esta Cámara de Diputados ya no está
obligada a legislar bajo presión; la Corte hoy lo que ha generado este que esta
Cámara ya esté directamente trabajando en la sanción de una ley durante la
flagrante intervención de la Corte en el Consejo”, sostuvo.
Además, el titular de la cartera de Justicia consideró que
la sentencia “más que un fallo jurídico es un fallo político, instrumentado con
la apariencia de un fallo judicial”. Y que “al devolverle la vigencia a una ley
derogada por el Congreso, sentó un gravísimo precedente que atenta directamente
contra la división de poderes”.
Asimismo, esa decisión “socava y atenta también contra las
facultades constitucionales” del Poder Legislativo, y esto “no lo dice
solamente un ministro, el presidente o la vicepresidenta”, sino que “lo dice
uno de los cuatro jueces de la Corte Suprema”.
Así, en alusión al voto en disidencia de Ricardo Lorenzetti,
citó textual lo dicho por el juez: “Una ley derogada no puede ser restituida en
su vigencia y es lo que se enseña en los primeros cursos de la Facultad de
Derecho”. Y, sobre la decisión de sus colegas, Lorenzetti señaló que
“contradice los principios básicos del derecho que no pueden ser ignorados por
ninguno de sus magistrados”.
En su presentación en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja,
el ministro opinó que en este contexto “sancionar una ley que reestablezca el
normal funcionamiento de un órgano constitucional es fundamental”.
“Todos sabíamos que ese fallo no iba a poder ser cumplido.
Era prácticamente incumplible esos 120 días. Y no nos equivocamos, fíjense la
fecha en la que estamos y todavía no tenemos ley”, continuó.
Tras definir al fallo de la Corte como “de facto”, el
rionegrino expresó que “el Congreso no puede avalar este fallo de la Corte,
porque estaría sentando, sin lugar a dudas, un precedente contrario a la
Constitución, pero también así mismo”.
“Seguramente a algún diputado o diputada no le agrade que yo
diga que un fallo de la Corte no es una sentencia judicial, sino más bien un
fallo político”, reconoció, pero argumentó: “Si no coinciden con la gravedad no
tienen por qué creerme a mí, pero basta con ver los hechos”.
Entonces, repasó que la demanda del Colegio de la Ciudad de
Buenos Aires contra la Ley 26.080, sancionada en 2006, se inició ese mismo año
y llegó a la Corte en agosto de 2017. “Precisamente por eso, el Gobierno
anterior, en diciembre de 2017, presenta en el Congreso un proyecto de reforma
del Consejo de la Magistratura muy, pero muy parecido al que hoy estamos
analizando”, apuntó.
Y agregó que, en abril de 2018, la Corte le pidió al
procurador interino, Eduardo Casal, que dictamine en la causa del Consejo. Sin
embargo, el 16 de ese mes, “en una extraña reunión”, la Corte recibió al exjefe
de Gabinete, Marcos Peña, y al exministro de Justicia, Germán Garavano. Y, tras
ese encuentro, “de golpe y porrazo desaparece el expediente, se le pierde el rastro.
No sabemos en qué cajón de esta Corte, ese expediente durmió el justo sueño”.
Más adelante en el tiempo, apoyado en noticias periodísticas
que mostró en pantalla, Soria señaló que el 3 de diciembre de 2021, cuando el
oficialismo se aprestaba a cubrir las vacantes de Leopoldo Buglia y Pablo
Bertuzzi en la Cámara Federal, “el Consejo de la Magistratura se aprestaba a
cumplir con la Constitución, para reemplazar a esos dos camaristas, que entre
tantos otros habían sido trasladados a dedo, y de golpe, por arte de magia,
unos días más tarde la Corte vuelve a desempolvar, vuelve a encontrar en un
mágico cajón, la causa del Consejo. ¿Qué extraño no?”.
El ministro cuestionó que la Corte tuvo el expediente por
1.710 días, pero al Congreso “le exigen una ley en 120 días”. Tras ello,
mencionó que luego que se restituyera la ley de 1997, el 15 de abril pasado,
“pasaron 50 días sin que el Consejo se reuniera”. “Esta parálisis no es
gratuita, no es inocua”, sumó.
“La interferencia que hizo la Corte en su fallo creo que no
puede dejar de conmover a los diputados y diputadas de todos los bloques”,
insistió y llamó a debatir por “un Consejo que sea más democrático, funcione
más equilibradamente y sea menos corporativo”. “O si por el contrario algunos
quieren volver a concentrar todo el poder en pocas personas”, lanzó.
Sobre la iniciativa con media sanción, el funcionario afirmó que “es un proyecto que está totalmente abierto para discutirlo”. “Es inobjetable desde el punto de vista institucional y constitucional e incorpora varias modificaciones que venían de muchos años atrás”, ponderó.