La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a encender las alarmas por las finanzas de las obras sociales. Una deuda por $20 mil millones de pesos del Gobierno con las prestadoras de origen sindical le agregó tensión a un fin de año marcado por el enfriamiento en la relación de la central con el Frente de Todos.

En la cúpula de la organización advirtieron, como suelen hacer, que un eventual incumplimiento en el pago de ese monto antes de fin de año complicará los números del sistema y dejará a los gremios a las puertas de iniciar un conflicto.

Dirigentes y funcionarios de Salud confirmaron que, del compromiso asumido por el ministro de Economía, Sergio Massa, de girarles a las obras sociales un total de $24 mil millones en cuatro cuotas iguales de $6 mil millones antes de fin de año, apenas se saldaron $4 mil millones este lunes.

El cronograma desplegado por el funcionario ante la CGT en septiembre pasado arrancó mal: los primeros pagos se demoraron y recién para la semana que viene se planteó un segundo desembolso por otros $4 mil millones que ni las propias áreas del Ejecutivo responsables de distribuirlos dijeron tener la certeza de que lo abonarán.

La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) sostuvo la necesidad de legislar y aprobar un salario universal El dinero forma parte de una negociación que comenzó el año pasado entre Alberto Fernández y la “mesa chica” de la central.

En esa oportunidad el jefe de Estado les aseguró a los sindicalistas que el Estado auxiliaría a sus prestadoras por el crecimiento exponencial en los desembolsos correspondientes a servicios para sus afiliados discapacitados.

En particular, aquellos no puntualmente de carácter sanitario como los de educación y transporte a pacientes crónicos. El salvataje también tenía como correlato político el apoyo continuo de la CGT al Presidente, sobre todo en los momentos en que arreciaba con más fuerza la interna con el sector de Cristina de Kirchner. Ni la primera promesa del mandatario a los gremialistas se cumplió de manera cabal.

Sobre un rescate calculado en $11.400 millones para 2021 el Estado sólo distribuyó alrededor de $7 mil millones. Mientras que de los $24 mil millones que Massa garantizó, restan $20 mil millones sin fecha firme de ejecución.

Ambos antecedentes también ensombrecen las expectativas de las prestadoras sindicales, que atienden a más de 15 millones de personas, respecto de un fondo reservado en el Presupuesto 2023 por $148 mil millones que en teoría el Gobierno puso a disposición para cubrir baches financieros de las obras sociales.

Las negociaciones de CGT con el Gobierno estuvieron durante el período a cargo de Héctor Daer, uno de los cosecretarios generales de la organización, y de José Luis Lingeri, el principal referente en la materia dentro de la central.

La conversación se dio en un contexto de concordancia con el equipo económico en cuanto al rechazo de ambas partes al proyecto del kirchnerismo de incorporar una suma fija a los salarios del sector privado.

El principal argumento de los gremialistas sostiene que las prestaciones para sus afiliados discapacitados representan en la actualidad más de la mitad de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), la institución que reembolsa a las obras sociales el valor de los remedios y tratamientos más costosos y que administra desde el Estado la Superintendencia de Servicios de Salud. Y que, de esa porción de gastos, el 70% está representado por traslados y servicios educativos./ambito.com