Bajo el título Cuestiones emergentes: principales desafíos, el informe fue redactado por la Secretaría de Derechos Humanos con el apoyo técnico de la Cancillería, tiene treinta fojas y será presentado en Ginebra. Si no hay cambios de último momento, el secretario Horacio Pietragalla leerá el documento oficial ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El secretario de Derechos Humanos sostiene que hay “discursos del odio” en la Argentina “que culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación, y dos veces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchnerista" y añade “estos postulados se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales. Se trata de una problemática compleja que constituye una preocupación a nivel internacional”.

El secretario de Derechos Humanos introduce el concepto de Lawfare (Guerra Jurídica) para atacar al Poder Judicial, al sistema de partidos y a las empresas. Desde el actual Gobierno Nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”, escribió Pietragalla en la foja 18 del reporte oficial.

El secretario de Derechos Humanos se apalancó en la última presentación pública de Cristina, que aseguró que magistrados y fiscales forzaron su condena en la causa Vialidad para proscribir su actividad partidaria a pocos meses de la campaña presidencial.

Además de utilizar los conceptos de discurso del odio y lawfare, Pietragalla suma la idea de proscripción política para cerrar su ataque al Poder Judicial.

Las estrategias de persecución, cuya finalidad última es la proscripción de figuras centrales del escenario político, son ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al ex presidente, tanto en su residencia oficial como en sus residencias privadas, lo que demuestra la espuria convivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento que afecta los principios democráticos de nuestro país, en especial aquellos que hacen a la independencia e imparcialidad con la que deben actuar el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos”, sostiene Pietragalla en la foja 19 del informe que leerá en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.