El caso fue coordinado por la fiscal titular de la UFI, María del Carmen Reuter, y representado en la investigación por la Auxiliar Fiscal, Andrea Carlino. El convenio contó además con la conformidad de las víctimas y la asistencia de la defensa oficial.
Usurpaciones reiteradas (2021 y 2024): el primer hecho ocurrió el 12 de noviembre de 2021, cuando la acusada, junto a otras personas, irrumpió violentamente rompiendo el cercado de un predio de más de tres hectáreas ubicado en el Barrio La Estación, en la localidad de San Andrés.
Tras una restitución judicial, Corvalán reincidió en su conducta el 6 de marzo de 2024, ingresando nuevamente al lote con el fin de instalar una casilla prefabricada e impidiendo el acceso al legítimo poseedor. Investigaciones posteriores revelaron que la imputada incluso comercializaba ilegalmente fracciones de dicho terreno mediante boletos de compraventa apócrifos.
Robo agravado (2026): el segundo ilícito aconteció el pasado 27 de abril de 2026 en la Ruta Provincial 306. En esa ocasión, Corvalán conducía una motocicleta y actuó en complicidad con un sujeto, quien descendió del vehículo, exhibió un arma de fuego y amenazó de muerte a la víctima, para sustraerle sus pertenencias y un teléfono celular, dándose luego a la fuga.
Evidencias y resolución
La triangulación de pruebas recabadas por el Ministerio Fiscal fue clave para acreditar la autoría de los hechos. Entre los principales elementos se destacaron el análisis criminal de registros fílmicos de cámaras de seguridad públicas y privadas que captaron la ruta de escape hacia Banda del Río Salí, el relevamiento de patentes, y los posteriores allanamientos que permitieron el secuestro de prendas de vestir coincidentes y la motocicleta utilizada.
Debido a la condición de la acusada (quien es de condición vulnerable y presenta un cuadro de adicciones con antecedentes de asistencia médica en el Hospital Nuestra Señora del Carmen), la fiscalía y la defensa acordaron la ejecución condicional de la pena.
Para mantener la libertad condicional, Corvalán deberá cumplir estrictas pautas de comportamiento durante los próximos tres años: Prohibición absoluta de acercamiento, contacto u hostigamiento directo o indirecto hacia las víctimas en un radio de 200 metros, obligación de someterse a un tratamiento psiquiátrico por adicciones a estupefacientes en el Hospital Nuestra Señora del Carmen, debiendo acreditar de forma regular las constancias médicas pertinentes, fijar un domicilio residencial estable y someterse al control del patronato de internados, prohibición del abuso de bebidas alcohólicas y la obligación de adoptar un oficio o capacitación laboral acorde a su capacidad.
El incumplimiento de cualquiera de estas pautas habilitará al tribunal a revocar inmediatamente la condicionalidad de la condena, ordenando su alojamiento en un establecimiento penitenciario./MPF
