Para dictar la prisión preventiva, a la que acompañó con una orden de captura encomendada a la Policía Federal, el juez federal Claudio Bonadio tuvo en cuenta una veintena de causas penales que se le siguen a Jaime por presuntos delitos cuando se desempeñó en la función pública.

Por el hecho también fueron procesados el sindicalista José Pedraza, detenido por el homicidio del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra; la mujer de Pedraza, Graciela Coria; el presidente de la firma SOESA, Luigi Capelli, y el ex interventor en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa Romero.

El Belgrano Cargas era presidido por Coria como representante de la Unión Ferroviaria (UF) y administrado por SOESA, integrada por varias operadoras de ese servicio.

Bonadio, con la intervención de la secretaria federal Carolina Lores Arnáiz, investiga los presuntos delitos de defraudación a la administración pública y abuso de autoridad ante la denuncia formulada en 2009 por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).

Se trata de un contrato millonario para el tendido y reparación de vías del ramal Belgrano Cargas, entre San Miguel de Tucumán y Concepción.

Según se denunció, a fines de 2003 la Secretaria de Transporte de la Nación autorizó al Belgrano Cargas a hacer la obra -para la que se contrató a una empresa privada- y adelantó la mitad del dinero presupuestado.

En 2006, la explotación del Belgrano Cargas pasó a la Sociedad Operadora de Emergencia S.A (SOESA).

Al principio se había autorizado un presupuesto de 8.000.000 de pesos, pero la intervención de Jaime habría posibilitado un aumento de esa cotización cercano al 25 por ciento.