Aprovechando una medida del juez federal subrogante Mario Leiva Haro, Amín regresó el 20 de noviembre pasado al mismo escenario donde, junto a los ex policías Eduardo Valdivieso y Luis Humberto “El Niño” Gómez, atacara a tiros a miembros de la comunidad indígena de Chuschagasta. El resultado de ese cobarde ataque sucedido el 12 de octubre de 2009 fue la muerte de Javier Chocobar (68 años) y dos heridos de bala: Emilio y Andrés Mamaní, este último aún con serias secuelas por impactos de balas.
En rigor, Leiva Haro ordenó al Escuadrón 55 de Gendarmería Nacional, con base en Tucumán, realizar una inspección ocular y entregar a María Sofía Herrera de Amín -madre de Darío- una cantera de lajas ubicada en El Chorro, localidad de La Higuera (departamento Trancas, 60 kilómetros al norte de la capital tucumana). Esta cantera en disputa se halla en pleno territorio de los Chuschagasta y fue allí mismo donde se produjo el asesinato. De esta forma, el operativo judicial resultó en una grotesca provocación a la comunidad originaria.
“Tanto Amín como su madre, junto a otras personas que serían sus familiares, y una escribana participaron del operativo. Evidentemente generaron una confusión en los gendarmes porque terminaron haciendo un relevamiento de toda la gente que vive en el lugar sin que el juez lo haya ordenando. Se trata de una provocación escandalosa por parte de Darío Amín que se paseó con los gendarmes en medio de la comunidad y hasta por la casa donde vivía Javier Chocobar. No conforme con esto, se animó a hacer un asado a 60 metros del lugar donde se produjo el asesinato de este comunero y por el cual él mismo se encuentra imputado”, explicó a Primerafuente, Carlos Garmendia, abogado de Andrés Mamaní.
Ante esto, la Corte Suprema de Justicia provincial deberá resolver un planteo realizado el jueves por el abogado querellante a través del cual se solicita que la cantera –ahora en posesión de los Amín- no pueda ser tocada ni modificada. “Tememos que haya una alteración de la escena del crimen”, sostuvo Garmendia. Vale aclarar que el máximo organismo judicial de Tucumán aún tiene que expedirse sobre un recurso de casación presentado por los acusados como artilugio judicial para evitar comparecer en un juicio oral.
Con el mismo argumento, Garmendia presentó este viernes ante el juez Leiva Haro un pedido de nulidad de su medida en la que ordenó entregar a la madre de Amín la posesión de la cantera. “Lo pusimos en noticia que allí hubo un homicidio y que se está violando la ley 26.160 que declara la emergencia en materia de propiedad comunitaria indígena y suspende procesos judiciales en marcha hasta la realización de un relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”, agregó.
Valdivieso, Gómez y Amín se encuentran imputados por el delito de tentativa de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado en concurso real. Mientras tanto, insólitamente, permanecen libres a la espera de que la Corte resuelva un recurso de casación que, en caso de no resultarles favorable, los dejaría en el banquillo de acusados en un juicio oral. La pena que podría recaer sobre ellos es la cadena perpetua.Por Esteban Stanich
