El máximo tribunal de Justicia de la Argentina planteó que la normativa lesiona "la inviolabilidad del Derecho de Defensa en Juicio" y "el Derecho a la libertad". Por eso, consideró que no "está en condiciones de satisfacer el estándar constitucional mínimo", según reza el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene fecha 5 de octubre.