La incapacidad de las estructuras hídricas de la provincia para contener las últimas inclemencias climatológicas despertó la preocupación de todos los sectores de la sociedad. Tras las situaciones que se vivieron en diversas localidades, desde la Defensoría del Pueblo se comenzó a desarrollar un informe generalizado en vistas de identificar las causas de las inundaciones y evitar futuros desastres.
El análisis será publicado en las próximas semanas y está dirigido, más que a encontrar responsables, a servir de guía para un plan de obras que dé una solución definitiva a las falencias del sistema hídrico.
Aunque el ensayo estará concluido en un mes, desde la defensoría ya adelantaron algunas conclusiones generales. “Son múltiples las causas que provocaron el desastre. No se puede apuntar hacia un solo responsable. Asimismo en cada zona la situación fue diferente, no todos los lugares se inundaron por los mismos motivos”, afirmó el arquitecto Hugo Cabral.
Para el Defensor del Pueblo la responsabilidad de lo que ocurrió no puede quedar agavillada al Poder Ejecutivo. “Lo que ocurrió nos alcanza a todos. Gobernantes y empresarios tienen su cuota de culpa, pero también la comunidad tucumana en sí debe cambiar su conducta, comenzar a tomar conciencia de que la acción de cada uno afecta al conjunto”, sostuvo.
En cuanto a las tareas incumplidas por el gobierno, lo planteado no se aleja de los reproches de la comunidad y de los partidos de la oposición política. “Hay que controlar la tala indiscriminada, controlar la extracción de áridos y por sobre todo reforestar las zonas rivereñas con por lo menos unos 50 o 100 metros de arboleda alrededor de los ríos”, concluyó.
Para el Defensor del Pueblo la situación podría haberse sorteado -en parte- si se hubiera puesto en marcha la reglamentación de la Ley de Bosques (26.331), sancionada en el 2007 por el Congreso Nacional y que estipula una categorización de un uso sustentable para las tierras boscosas.
En este sentido, aclaró que se produjo un proceso de urbanización “irresponsable” y que “se construyó en lugares inadecuados, donde no estaban dadas las condiciones”. “No se escuchó lo que se viene recomendando desde hace mucho años”, aclaró.
Para el caso de las zonas urbanas en el Gran San Miguel, recordó que hace 20 años se propuso la construcción de conductos pluviales que reforzarían los canales para evitar el colapso de los mismos, pero que quedó en el tintero de viejas gestiones y que no fue tomado en cuenta por los mandatarios actuales.
En este sentido, y aunque evitó dar demasiados detalles, apuntó que se necesita un arduo trabajo, con medidas inmediatas y un plan de obras a largo plazo con una fuerte inversión en infraestructura. “Solucionar el grave problema en la provincia va a llevar unos 20 años. Se necesita por lo pronto dar respuestas inmediatas pero a la par hay que organizarse estratégicamente con la participación de todos los sectores de la sociedad para evitar que esto vuelva a ocurrir”, sostuvo.
Como primera medida planteó la necesidad de reorganizar el territorio cultivable de toda la provincia. “Se está trabajando con un mapa de cultivos que tiene muchos años. Hay que actualizarlo porque el contexto de hoy no es el mismo que el de hace 10 o 15 años”, concluyó.
