José Domato acompañó al gobernador Riera en 1973 como presidente del Banco de la Provincia de Tucumán. En 1974 pasó a ser subsecretario de Agricultura de la Nación hasta 1975.

Con el regreso a la democracia en 1983 fue electo senador provincial, y sus pares lo eligieron Presidente del Senado de la provincia de Tucumán.

En 1987 fue electo gobernador de la provincia, bajo el régimen de la antigua constitución provincial de 1907, que establecía la elección mediante un colegio electoral. El candidato con mayor número de votos había sido el radical, Rubén Edgardo Chebaia, seguido por José Domato del Partido Justicialista, por Antonio Domingo Bussi de Defensa Provincial- Bandera Blanca, y Renzo Cirnigliaro por una fracción dividida del justicialismo. En el colegio electoral, las fuerzas justicialistas unieron sus votos, lo que fue denunciado como un grave quiebre en el sistema político tucumano, ya que se impedía la llegada de quien había obtenido la primera minoría; de todos modos, los votos de ambos candidatos justicialistas superaban los del candidato de la Unión Cívica Radical.

La provincia pasaba por una situación económica delicada, siendo el déficit del estado provincial la principal causa de la parálisis en la administración estatal. Debido a ello, desde 1985 la provincia había recurrido a la emisión de deuda pública mediante el sistema de emisión de una cuasi-moneda llamado "bono tucumano", con el cual se pagaban los sueldos estatales y los proveedores del estado. Esto generó una deuda flotante que se fue incrementando a partir de la llegada al poder de Carlos Menem en 1989. Estos factores causaron un gran aumento de la desocupación y la pobreza. Domato, relativamente anciano, no parecía tener energías para responder a las demandas sociales, y la situación se le iba paulatinamente de las manos.

Se vio obligado a postergar indefinidamente los aumentos a los salarios de los empleados públicos, lo que causó huelgas en varias reparticiones. La más grave de ellas fue el acantonamiento de las fuerzas policiales, que dejó a la sociedad sin seguridad pública.

Ante esa situación, el presidente Menem decidió la intervención federal a la provincia, con lo que Domato fue dejado cesante. En ese entonces fue designado interventor federal Julio César Aráoz.

En los años posteriores, la situación en la provincia no mejoró, y se registraron varias muertes de niños por desnutrición. Por su parte, Domato fue enjuiciado y procesado por presunta malversación de fondos, causa por la que fue arrestado. El juicio terminó con el sobreseimiento de Domato en el año 2000; once años más tarde, el Estado nacional fue condenado a pagarle $ 800 000 en concepto de indemnización.(wikipedia.org)