El juez Fernando Poviña, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, dictó el procesamiento con prisión preventiva de Ernesto Santos Catulo por el delito de lavado de activos en el marco de la causa Nº 32191/2013 “Ale, Rubén Eduardo y otros s/ infracción Art. 303 y Asociación Ilícita”, donde se investigan las actividades ilícitas llevadas a cabo por la organización liderada por los hermanos Ale.
Ernesto Santos Catulo fue identificado como testaferro de Rubén “La Chancha” Ale, quien actualmente se encuentra procesado por Asociación Ilícita. A partir de un informe elevado por la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa, se pudo determinar que Santos Catulo poseía una gran cantidad de bienes de origen injustificado.
Así, por ejemplo, poseía una concesionaria denominada “Automóviles San Martin”, una de las tantas dependencias allanadas en octubre de 2014, cuyo verdadero titular sería Rubén Ale.
Catulo fue procesado por ser considerado autor del delito de lavado de activos -303 del CP- en concurso real con el artículo 210, en calidad de miembro de una asociación o banda. Anteriormente, Adolfo Ángel Ale, fue procesado por el mismo delito y agravante.
La causa, que se originó en febrero de 2013 a partir de una denuncia realizada por la UIF, investiga a una organización criminal tendiente al lavado de activos provenientes de la trata de personas para la explotación sexual entre otros delitos, conformada tanto por personas físicas como jurídicas. Su operatoria consistía en estructuras societarias y figuras de “testaferros” con las que operaría para la legitimación de activos ilícitos originados en múltiples delitos: la remisería Cinco Estrellas, la Gerenciadora Deportiva NOA S.A., el Club Atlético San Martín de Tucumán, el Hotel Palmas del Lago en Carlos Paz -Córdoba- y la Transportadora Leonel SRL.
Además, se identificaron actividades relacionadas con el narcotráfico de estupefacientes, el control de casas de juegos de azar, operando mediante la intimidación de las víctimas quienes bajo amenazas eran obligadas a entregar dinero, cheques, pagares, y/o cualquier otro elemento que sirva como contraprestación. Como resultado de las investigaciones en diciembre 2013 se procesó y detuvo a cinco personas por asociación ilícita y lavado de activos, quienes además se presumen vinculados con la desaparición de Marita Verón.
