De la apertura del evento, participaron los ministros y secretarios de Trabajo de todo el país. El CFT, es el organismo que tiene por objetivo fortalecer las administraciones del trabajo, procurando la mayor eficacia de la actividad gubernamental y de los actores sociales en las distintas jurisdicciones y competencias.
Tras la reunión, el funcionario nacional habló con la prensa y se mostró preocupado por la falta de generación de empleo del sector privado. “Se estancó en los últimos 4 o 5 años”, aseguró.
En este contexto, Triaca criticó duramente al kirchnerismo y acusó al gobierno anterior de beneficiar a los sindicatos afines a su ideología política y “castigar” a los sindicatos, empresarios y organizaciones sociales que no acompañaban el proyecto nacional y popular. “Nosotros venimos a poner condiciones y reglas claras para todos los argentinos”, sostuvo.
Consultado sobre los trabajadores precarizados del Estado, Triaca aclaró que “se está trabajando para resolver las diferencias entre trabajadores” a través de la “formalización” del empleo público. “Se creó el Ministerio de Modernización que entre otras cosas se encarga de la profesionalización de los trabajadores de los servicios públicos. Sabemos que los impuestos impactan mucho y que los servicios públicos que devuelve el estado nacional, provincial y municipal, deja mucho que desear, por eso estamos trabajando en la profesionalización para mejorar la calidad de los servicios públicos”, agregó.
Por otro lado, justificó los despidos de casi 1200 trabajadores del RENATEA, que se produjeron al concretarse el traspaso judicial del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios al histórico Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), dispuesto meses atrás por un fallo judicial de la Corte Suprema, al considerar que “impedían la capacidad de desarrollo de los demás trabajadores”.
“Sólo tienen q mirar el fallo de la Corte que dice que el RENATEA violó los derechos del RENATRA. Cuando el gobierno anterior lo tomó de manera ilegítima había 250 trabajadores y en menos de 2 años se incorporaron 700, de los cuales muchos no cumplían una función específica y les quitaban la capacidad de desarrollo a los demás trabajadores. Eso era una injusticia para esos trabajadores”, argumentó.
En cuanto a la inclusión laboral de personas con discapacidad, planteó que es un desafío del gobierno lograr “la integración y el desarrollo de la persona con discapacidad en todos los ámbitos, no sólo laboral, sino también en la educación y en la sociedad”. “Tenemos una vicepresidenta que nos marca el camino y que es un ejemplo que nos muestra como pensar en una sociedad más inclusiva”, agregó.
