El Tribunal informó que los cinco ministros y un grupo de legisladores firmaron un acuerdo que permite el "seguimiento permanente" por parte del Parlamento de las "actividades" de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que depende de la Corte.
Según establecieron los supremos en la Acordada 2/2016, bajo la órbita de esa Dirección funcionará la oficina de Captación de Comunicaciones -la antigua Ojota-, con las funciones que fueran transferidas por Mauricio Macri a través del decreto 256/2015.
Pero además, la Dirección intervendrá en casos de tráfico ilegal de estupefacientes y precursores químicos, trata y explotación de personas, secuestros extorsivos, criminalidad económica, lavado de activos, y, en el marco de delitos complejos, crimen organizado y de carácter transnacional, financiamiento del terrorismo y delitos ambientales.
Durante la firma del convenio se dejó en claro que la DAJDCCO "mantendrá todas las atribuciones y competencias y la autonomía de gestión" respecto de la Corte.
Este jueves, los jueces también dictaron otra Acordada, la número 30, para mejorar la eficacia en el funcionamiento de la oficina de escuchas, posibilitando la incorporación de nuevas competencias en áreas de "mayor complejidad tecnológica".
Al acto celebrado en el Salón Gorostiaga del Palacio de Justicia asistieron los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Además, participaron los parlamentarios Emilio Monzó, Miguel Ángel Pichetto, Ángel Rozas, Rodolfo Urtubey, Graciela Camaño, Nicolás Massot, Mario Negri, Silvia Lospennato , Diego Bossio , Victoria Donda, Omar Plaini y el dirigente radical Ernesto Sanz.
En representación del Poder Ejecutivo estuvieron Germán Garavano (Justicia y DDHH), Oscar Aguad (Comunicaciones), Alberto Abad (AFIP) y el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, entre otros.
Algunos de los magistrados que concurrieron fueron Gustavo Hornos, Mariano Borinsky, Liliana Catucci, Ángela Ledesma, Martín Irurzun, Jorge Luis Ballestero, María Servini, Ariel Lijo, Julián Ercolini, Sergio Torres, Sebastián Ramos, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi, Luis Rodríguez, Daniel Rafecas y Rodolfo Canicoba Corral.
El documento al que tuvo acceso ámbito.com consta de cinco cláusulas. En la primera, la Corte faculta al Congreso a "efectuar el seguimiento" para "garantizar estándares de imparcialidad y transparencia institucional y la actualización permanente de los métodos más eficientes para prestar asistencia contra el crimen organizado".
En la segunda se exhorta a los legisladores a definir la "modalidad" del monitoreo y en la tercera el Tribunal se compromete a colaborar.
La cuarta establece un pacto de "confidencialidad" entre los poderes sobre la información recolectada a través de las pinchaduras e investigaciones complejas. Y la última pone en vigencia el acuerdo desde este jueves.
