El caso de la joven condenada por un aborto será uno de los tantos estandartes de la jornada internacional del #8M. Las organizaciones que vienen pujando por su absolución exigen, por un lado, que el Poder Judicial resuelva sobre el caso y dicte la nulidad de la sentencia, y por el otro, que el Poder Ejecutivo aplique programas de procreación responsable y salud reproductiva.
“Estamos en una provincia que está en deuda con la salud sexual -la única que no adhirió a ley de Salud Sexual y Reproductiva-. El Estado que no se acuerda de dar salud sexual y reproductiva a sus mujeres no puede acordarse de ellas sólo para llevarlas presas”, subrayó Deza.
“Tenemos una mujer criminalizada por un delito que solamente puede tener como autor a una mujer, o sea un delito con sesgo de género. Están vencidos los plazos para que la Corte se expida sobre su condena lo que vemos como un ejercicio más de violencia que se ejerce hacia Belén, que comenzó desde la Salud, luego de la Policía y siguió hasta su última instancia en el Poder Judicial”, agregó.
Belén fue condenada en abril del 2016 a 8 años de cárcel por haber sido encontrada culpable de homicidio agravado por el vínculo por los jueces de la Sala II. El caso fue apelado y llegó a la Corte tucumana, que ordenó el cese de la prisión preventiva que se había extendido de manera extraordinaria, pero que aún no resolvió sobre la situación de fondo. De confirmarse la condena, la defensa puede apelar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
