Desde las cinco y media de la tarde de ayer, equipos de la Policía Científica registraban la vivienda ubicada en Alfonsina Storni al 4400, del barrio Lanzone. La casa pertenece a un hombre que ya había sido identificado como uno de los últimos que vio a Araceli entre el sábado 1º y el domingo 2 de abril. El hombre ya había declarado como testigo al inicio de la búsqueda y en otras cuatro oportunidades, la última ayer por la mañana ante la fiscalía que lleva el caso. Por la tarde, cuando desde la fiscalía se lo volvió a citar para ampliar ciertos puntos de la declaración, ya no fue hallado.
La policía allanó la casa y encontró partes del suelo removido y cemento, dando la impresión de que se había intentado tapar con un contrapiso la tierra removida. Al excavar en la parte removida hallaron restos de un cuerpo de mujer que inmediatamente se sospechó que pertenecían a Araceli.
Seis personas, dos de ellas hermanos, fueron detenidas. Cuatro sospechadas de haber estado con ella en las últimas horas del sábado, y el dueño de la casa permanece prófugo. Otras dos personas fueron detenidas acusadas de haber alertado al prófugo de que lo buscaba la policía.
El padre de Araceli y al menos un hermano estuvieron en el lugar donde la policía ya había realizado allanamientos los días posteriores a la desaparición de Fulles.
Araceli fue vista por última vez el 2 de abril, cuando salía de un asado en el barrio Lanzone. Ella misma subió fotos con dos amigos a su muro de Facebook el sábado por la tarde y después asistió a un asado. Según informó la propia familia días más tarde, el último dato directo con el que contaban era el Whatsapp en el que Araceli le decía a su mamá, Mónica Ferreyra, a las 7.11 del domingo avisándole que volvía y preparara el mate. No se informó si está confirmado que el mensaje fue escrito por ella.
Después, todo se sumergió en las penumbras de la burocracia y la sordera. El caso deambuló sobre la parsimonia de la búsqueda de personas, hasta hace pocos días, cuando la familia decidió forzar la marcha de los investigadores. Desde la familia, precisamente, el reclamo consistió en que la causa no ofrecía movimientos, no había contacto de los investigadores con ellos, no se notaba urgencia en los pasos de la búsqueda.
El martes 4 y el miércoles 5 ante la inercia que registraban, los familiares con amigos realizaron un corte en Márquez y Libertador en José León Suárez. En ese momento exigían que un fiscal se hiciera presente y tuviera contacto. Habían pasado tres días.
Los cortes tuvieron el efecto buscado. La búsqueda empezó a perder el perfil del clásico búsqueda de paradero, el formato policial que supone que aquella mujer que desapareció de la vista se fue de la casa intencionadamente y sólo resta que vuelva o de señales. El 11 de abril, alrededor de 300 policías realizaron rastrillajes y allanaron cinco viviendas en los barrios 9 de Julio, Billinghurst y La Cárcova, en José León Suárez, partido de San Martín.
No hubo resultados positivos. Los allanamientos, se sabe, tampoco son garantía de obtención de pruebas. Muchas veces porque no las hay, otras porque el allanamiento es al voleo, o con datos endebles; otras, porque los uniformados, habituados a aplastar pisotean todo, incluyendo las pruebas si las hubiera.
Una semana después, el martes 18, y en la misma zona, en un descampado en Vicente López y Lynch Pueyrredón, del barrio 9 de julio, fue hallada una cartera con cosméticos, que se reconoció como perteneciente a Araceli porque tenía la inscripción “Ara la morocha”.
A fin de la semana pasada, la familia decidió contratar un abogado privado que cambiara la carátula de la causa, que imprimiera otra velocidad a la búsqueda. Hasta ese momento era permeable la idea de que la joven hubiera sido secuestrada por una red de trata, y la quietud que registraba la familia en el caso dejaban abierto el campo a las críticas por desinterés judicial y o interés policial. A partir de ese momento, la búsqueda judicial cambió su ritmo.
