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El Gobierno busca que las provincias asuman una porción más alta del gasto público total

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La Nación prevé que el debate sea de largo aliento y que no se pueda implementar en el corto plazo La Nación prevé que el debate sea de largo aliento y que no se pueda implementar en el corto plazo
El Gobierno nacional buscará comenzar un discusión de fondo con los gobernadores para el mediano plazo: determinar qué servicios serán prestados por cada nivel de gobierno. Actualmente, ciertos programas de vivienda de alimentación son ejecutados directamente por el Tesoro nacional en las provincias. De acuerdo a lo que piensan en la Casa Rosada, las condiciones de reparto de ingresos modificadas con el Pacto Fiscal habilitará esta discusión, que aseguran que será de largo aliento y que funcionará como "atajo" para discutir un nuevo modelo de coparticipación federal de recursos.

Según afirmaron a este diario fuentes oficiales, este tema será planteado ante los gobernadores en el futuro, pero creen que por cuestiones de calendario el plazo en que podría saldarse el debate no es corto. "La Nación ya no tiene mucho para ofrecer en términos económicos para una discusión del modelo de coparticipación porque ya cedió muchos fondos entre el fin de la detracción del 15% a Anses y el Pacto Fiscal, lo que sí podemos discutir es qué servicios va a prestar cada gobierno", explicaron desde el Ministerio de Hacienda, donde mencionaron como ejemplos, programas de vivienda o de alimentación que hoy ejecuta directamente el Gobierno nacional en las provincias. Con este debate el Gobierno pretende que las gobernaciones provinciales puedan hacerse cargo de cierta parte del gasto público que hoy recae en el Tesoro nacional.

De acuerdo a datos oficiales de Hacienda, durante 2017 las transferencias corrientes a provincias acumularon unos 82.000 millones de pesos. La mitad de esos envíos fueron para educación y seguridad social. Las estadísticas del resultado fiscal del año pasado difundidas la semana pasada muestran que, para el caso de las transferencias de gasto de capital a las provincias, el giro a las gobernaciones sumó otros 66.000 millones de pesos. De ese total, 20.697 millones tuvieron como destino programas de vivienda, que tuvieron un aumento en términos nominales de 18,6% respecto al año anterior, por lo en términos reales tuvo un retroceso. Otras transferencias de capital aumentaron en términos reales fuertemente durante 2017: energía (97,5%) y transporte (73,3%).

Los datos del nuevo portal oficial Presupuesto Abierto muestran que durante el año pasado el nivel de ejecución de gasto por jurisdicción mostró diferencias. Por caso, las provincias con menor porcentaje de gasto devengado fueron Buenos Aires (88,15%), San Luis (90,97%), San Juan (91,79%), y La Pampa (92,12%). La Ciudad de Buenos Aires representó un cuarto del gasto total ejecutado por el Gobierno nacional, seguido por Buenos Aires (20,67%), Córdoba (4,33%) y Santa Fe (3,79%).

El director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, afirmó que "el Estado tiene que encontrar la forma en que la ejecución de ciertos gastos sea más eficiente, alguna parte del gasto incluso debería ser ejecutado por los municipios. De hecho, los municipios podrían actuar de forma agrupada para lograr que ciertos gastos como la construcción termine siendo más barato", explicó en diálogo con este diario. La discusión sobre la coparticipación no debería circunscribirse sólo al reparto de servicios para prestar, aseguró Argañaraz: "El debate tiene que incluir no sólo la coparticipación primaria, es decir cuánto se lleva la Nación y las provincias sino también la distribución secundaria, discutir el reparto dentro del consolidado provincial. Una forma que propusimos es que una parte se determine de acuerdo a Necesidades Básicas Insatisfechas", concluyó Argañaraz.

El centro de estudios que dirige publicó ayer que "si se observan los valores acumulados durante los doce meses del año 2017, se tiene que los envíos a provincias en concepto de coparticipación y leyes especiales fueron de $754.337 millones". El informe concluye que, estudiando el reparto de fondos agrupando a las provincias de acuerdo al nivel de densidad poblacional e ingresos, "el sistema actual posee características redistributivas y en algunos casos presenta disparidades difíciles de explicar objetivamente". por Mariano Boettner, BAE