Esta semana, los empresarios del transporte volvieron a la carga con el pedido de ajuste tarifario. Esta vez, explicaron que el impacto de la devaluación y de la crisis económica los obligaría a realizar suspensiones de trabajadores o a reducir las frecuencias si no recibían un incremento en el valor del viaje. En junio, habían solicitado que el boleto en las 14 líneas urbanas suba de los $ 12,50 actuales a $ 21,22.

La advertencia de Aetat fue un baldazo de agua fría para los choferes de la UTA, concejales y usuarios. De inmediato, el secretario general del gremio, Cesar González, cruzó a los empresarios y decretó el estado de alerta y movilización. "Manifestamos nuestro enérgico rechazo a los dichos vertidos por el presidente de Aetat, porque con la expresión institucional se vulneran derechos laborales fundamentales”, expresó.

También los usuarios se expresaron en contra del planteo. En las redes sociales se vertieron cientos de mensajes en rechazo a una posible suba y criticando, entre otras cosas, el estado de las unidades.

Los ediles de la capital, por su parte, coincidieron en que no es momento de avanzar con ningún incremento en el servicio. "Entendemos la necesidad de los empresarios pero la gente no tiene para pagar. Le hariamos un perjuicio inclusive porque la gente no va poder pagarlo. Sabemos que aumentaron todos los insumos y gastos de las empresas, pero lo que nosotros tenemos que priorizar es que la gente no tiene para comer, mucho menos para pagar un boleto más caro", sostuvo el presidente del cuerpo vecinal, Armando Cortalezzi.

"Entendemos que la situación es compleja para ellos, pero más compleja es para la gente que tiene que elegir entre comer o mandar a sus chicos a la escuela. El gobierno nacional nos está estrangulando a todos económicamente y eso nos obliga a pensar en las personas que más están sufriendo. Si nosotros autorizamos ahora cualquier aumento los vamos a complicar aún más", sentenció.