Con la promulgación por parte del Gobierno de la reforma de la ley de Papel Prensa, el macrismo apuntaló el blindaje mediático que posee gracias a la complicidad de los grupos monopólicos de comunicación, como La Nación y Clarín.

La ley 27.498, que desregula la fabricación, venta y producción de pasta celulosa y papel de diario, modificando la ley 26.736 (vigente desde diciembre del 2011), había sido aprobada el 19 de diciembre por el Senado con 45 votos a favor, 16 en contra y tres abstenciones.

La normativa promulgada pone fin a la obligación por parte de la empresa Papel Prensa de abastecer el mercado interno, establece que no se podrá imponer un aumento del arancel por la importación del papel, hoy en 0%, por el término de 10 años, y la habilita para ofrecer descuentos cuando se compren determinados volúmenes.

Todos estos puntos atentan directamente contra los pequeños medios gráficos en el acceso al papel para diarios, especialmente las PyMEs y las cooperativas, puesto que Papel Prensa ya no está obligado a venderles y que los grandes medios podrán obtener precios especiales por adquirir grandes volúmenes de papel, entre otros puntos. Un golpe directo a la libertad de expresión de las comunidades de todo el país, en especial las del interior.

Respecto a la financiación de las ventas, la ley estableció que Papel Prensa podrá aplicar precios superiores al precio de referencia de pago contado para las operaciones que se hagan en plazo diferido. Este financiamiento no podrá establecer tasas de referencia mayores a las que pagan las empresas accionistas de la proveedora de papel.

El proyecto original había sido impulsado en Diputados por el justicialista Diego Bossio y defendido en el Senado por el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, quien argumentó que era una ley "con sentido común".

Los 45 votos a favor que tuvo la ley durante el debate parlamentario fueron aportados por Cambiemos y el Peronismo Federal. La rechazaron el bloque kirchnerista, los dos senadores del peronismo pampeano, el peronista salteño Juan Carlos Romero, los progresistas Fernando Solanas y Magdalena Odarda y la misionera del Frente Renovador, Magdalena Solari.

Luego de su sanción en el Congreso, la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA) emitió un duro comunicado repudiando la modificación de la Ley 26.736, que declaraba de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios. "Eso aseguraba el acceso igualitario a todos los medios gráficos que requerían el insumo, favorecía la producción nacional, permitía conocer el stock, impedía la discriminación en el abastecimiento y regulaba a través de un precio único de pago al contado la venta del papel de diario", remarca el escrito.

Desde ARECIA denuncian que al derogarse los artículos 20, 21, 24, 25, 26, 27, 40 y 41 con la excusa de “corregir ciertos efectos negativos en la aplicación” de dicha ley y aprovechando el “avance del mundo digital en los medios de comunicación”, se retrotraen los espacios ganados para la industria gráfica desde la sanción de la Ley en 2011, atentando contra la libertad de expresión y la diversidad de voces necesarias para la construcción de una democracia más justa.

“La modificación a la Ley 26.736 resulta un tiro de gracia para la comunicación autogestiva que ya atravesaba una crisis producto de estas mismas políticas, tal como lo muestra la “Declaración de Emergencia” que AReCIA hizo conocer en octubre pasado, puesto que acentúa la concentración tanto del poder económico y los monopolios, como el formateo de opinión (para colmo ante un año electoral) dado que Papel Prensa S.A., bajo el control de Clarín y La Nación y con la participación del Estado Nacional, es la principal empresa argentina dedicada a la producción y venta de papel de diario", explicaron.