Desde Twitter se conoció la iniciativa de reunir firmas a fin de apoyar a los médicos tucumanos Cecilia Ousset y José Alberto Gijena, quienes practicaron la microcesárea a “Lucía”, luego de que fueran denunciados penalmente este lunes en Tribunales por Homicidio Calificado.

La denuncia se conoció después de que el viernes, la beba alumbrada por la niña muriera tras sufrir una descompensación. El tema cobró repercusión enorme en los diferentes medios de comunicación de todo el país y se transforme en objeto de debate en las redes sociales.

El documento de “repudio” se conoció a través del siguiente texto subido a las redes: “Desde Cladem Argentina, Andhes y las organizaciones de mujeres, feministas, sociales, políticas, profesionales y de derechos humanos abajo firmantes repudiamos la denuncia maliciosa por homicidio calificado, impulsada por un grupo de abogados de sectores antiderechos, contra las doctoras Cecilia Ousset, Romero y el doctor José Gijena quienes realizaron la Interrupción Legal del Embarazo, a través una microcesárea a Lucía, la niña de 11 años embarazada producto de una violación".

"En primer lugar, advertimos que en la práctica realizada por los médicos NO HAY DELITO. La interrupción legal del embarazo está establecida por el artículo 86 del Código Penal y garantizada del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En dicha resolución, la Corte determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo. La denuncia, además de no tener asidero legal, constituye un serio amedrentamiento hacia profesionales que lo único que hicieron es cumplir con el derecho al aborto no punible de Lucia, donde se cumplimentaron los requisitos por la causal de la violación. Además teniendo en cuenta que el retraso de dicha intervención se produjo por las dilaciones de los funcionarios y equipo de Salud de Tucumán".

"Estos obstáculos afectan gravemente la salud de Lucia y constituyen tortura. Por lo tanto la denuncia es improcedente y la fiscal Adriana Giannoni, a cargo de la Fiscalía Especializada en Homicidios No 1, debe desestimarla y no darle curso. El solo hecho de citar a indagatoria puede considerarse prevaricato y podrá dar lugar a acciones legales en su contra por incumplimiento de deberes de funcionario público", apuntaron desde Andhes.

También consideraron que "es innegable que la intención de la denuncia tiene como objetivo, además, lanzar un mensaje disciplinador para que los médicos y médicas se nieguen a garantizar derechos que ya existen".

Por todo esto, instaron a la fiscal Adriana Giannoni "a frenar con la intimidación hacia profesionales que solo cumplieron con las leyes. No hay delito que investigar: exigimos el inmediato archivo de la causa. Reiteramos nuestro apoyo a Gijena y Ousset y al resto de los profesionales de la salud comprometidos con los derechos humanos de las mujeres”.