El próximo viernes, la Legislatura tucumana abordará en sesión el proyecto de ley de Titularización Docente que pactó el Gobierno con los 3 gremios que conforman el Frente Gremial Docente (ATEP, AMET y APEM) durante las paritarias de este año. La normativa supone a priori “beneficiar” a 10 mil docentes, que tengan más de 3 años de antigüedad y que completen una serie de requisitos vinculados a la capacitación, con un cargo titular en el sistema de educación pública.

Si bien, acceder a un cargo titular es un viejo anhelo de miles de docentes, para un grupo de educadores la normativa se parece más a un “manotazo” propio de un momento electoral que a una salida a un reclamo histórico. En este sentido, acusaron al gobierno de discriminar a ciertos sectores a través de la imposición de requisitos que no todos han podido cumplir.

En consonancia a este planteo, los legisladores que integran la comisión de Educación, que tuvo a su cargo analizar el proyecto de ley, también encontraron falencias en la redacción original y en rigor propusieron una serie de modificaciones: en primer lugar, extendieron el plazo para cumplir con las exigencias hasta el 31 de Diciembre (inicialmente estaba fijado en el 31 de marzo); además se extendió el plazo dentro del cual deben haber participado en capacitaciones a 5 años (originalmente era de 3 años).

A pesar de esto, desde la agrupación Tribuna Docente consideran que las "restricciones" para acceder a un cargo titular son demasiados rigurosas. “La titularización debe darse sin condicionamientos, con solo tres años de antigüedad, en consonancia con las aspiraciones docentes”, expresaron a través de un comunicado. “Los requisitos solicitados como el acceso a una capacitación gratuita son una odisea para la docencia. Los cupos, cubiertos en general por docentes sin cargos, promueven, por otro lado, el ascendente negocio privado de la formación docente”, añadieron.

Por otro lado, hacen hincapié en que el proyecto de titularización desató una crisis en el sector, ya que dejó en evidencia “la situación de precarización laboral de miles de docentes de la provincia”. “El Gobierno provincial, sin embargo, en consonancia con las políticas de ajuste a nivel nacional que se están llevando adelante, redujo el presupuesto de educación. ¿Consecuencias? Dejar sin trabajo a miles de compañeros y atentando contra derechos adquiridos”, sentenciaron en la misiva.

En este marco, convocan a la comunidad docente a marchar a las puertas de la Legislatura, el próximo viernes a partir de las 9, para reclamar por una normativa más “inclusiva”.