El planteo de la demanda es insólito: denuncian al cacique Demetrio Valderrama y al sobrino del asesinado Javier Chocobar, Ismael Chocobar, por usurpar las tierras donde ellos mismos viven.

“No es que las comunidades indígenas fueron, se pararon en el lugar y dijeron `estos es mío y quiero que lo reconozcan porque sí´. El derecho de la comunidad a esos territorios es un hecho, estamos hablando de familias que efectivamente viven allí desde siempre”,  afirmó Carlos Garmendia, abogado de la familia Chocobar.

“Una vez más, a menos de diez meses de  haber finalizado el juicio por el asesinato de nuestra autoridad, debemos enfrentar un nuevo proceso judicial, con todas las implicancias físicas, psicológicas y económicas que estas instancias conllevan, en un contexto de total desamparo por parte del Estado hacia las comunidades de nuestros pueblos”, afirmaron desde la comunidad de origen diaguita. 

Desde Chuchagasta, sostuvieron que “históricamente el  Estado y la Justicia han sido funcionales a las  familias oligárquicas usurpadores y terratenientes, generando persecuciones  individuales hacia los comuneros, tal como se evidencia en el uso de la figura de usurpación”.

Vale aclarar que la Constitución Nacional en su artículo 75 inc. 17 como así también la Constitución de Tucumán en su artículo  149 (entre otras leyes a nivel nacional e internacional) reconoce  a los pueblos originarios como un  sujeto colectivo (no individual) con derechos especiales. 

Pos esta razón, los Chuschagastas gozan de los mismos derechos civiles y ciudadanos que el resto de la sociedad argentina. 

Además, por pertenecer a un pueblo originario y ser parte de ese sujeto colectivo, poseen un marco de Derecho Indígena que emana del Derecho Consuetudinario (propio) de cada pueblo, el cual es de incidencia colectiva, es decir que afecta a todo el pueblo en su integridad cultural y territorial.

Dados estos argumentos jurídicos, la comunidad indígena exigió que el Estado “se adapte a la realidad plurinacional y ponga en práctica sus derechos colectivos”. “Es urgente la implementación de la ley de propiedad comunitaria indígena para poner freno a los ataques físicos y judiciales que sufrimos constantemente los pueblos originarios”.

El 24 de octubre de 2018 finalizó el juicio oral por el asesinato de Javier Chocobar por parte de Darío Luis Amín y sus sicarios Luis Humberto “El niño” Gómez y José Valdiviezo Sassi, estos dos últimos ex policías quienes fueron mano de obra de la última dictadura cívica militar. 

El ataque perpetrado fue realizado el 12 de octubre de 2009 cuando, además, hirieron de gravedad a los comuneros Emilio Mamani y Andrés Mamaní.

El juicio dio como resultado las penas de prisión  para Amín de 22 años, Gómez 18 años y Valdivieso 10 años de codena.