La iniciativa prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la vigencia de la emergencia alimentaria declarada por el decreto 108 del año 2002, así como también la emergencia social prevista en la Ley 27.200, ambas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2019, según la Ley 27.345.

También se establece que los presupuestos de la administración pública de los años 2020 a 2022 contemplarán las partidas necesarias para atender esta situación de emergencia. “La prórroga de la emergencia alimentaria y social se hace necesaria para poder continuar adecuadamente con las ayudas sociales y los planes alimentarios, en tanto un nuevo gobierno con otra orientación política pueda revertir el estado calamitoso en que ha dejado al país la administración del presidente Mauricio Macri”, advierte el proyecto en los fundamentos.

Además de Espinoza, firmaron la iniciativa Pablo Carro, Mirta Soraire, Jorge Romero, María Isabel Guerín, Verónica Mercado, Emilia Soria y Walter Correa.

Los diputados citaron en los fundamentos un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, elaborado por la Universidad Católica Argentina, donde se indica que los hogares en situación de pobreza ascienden a un 35,4% en el ítem de “obrero integrado” y a un 52,8% del total, en el ítem “trabajador marginal”.

A su vez, según la clasificación por nivel socio económico, dichos porcentajes ascienden a 12,2% del total del nivel socio económico medio bajo; 35,2% del nivel bajo y 54,4% del nivel muy bajo, señala el informe, y agrega que “la inseguridad alimentaria severa en el nivel socio económico bajo asciende al 5,9% y en el nivel socio económico muy bajo al 15,7%”./parlamentario.com