Este viernes finaliza el juicio oral por supuesta usurpación contra la comunidad indígena de Chuschagasta iniciado por Sofía Herrera, madre del condenado por el homicidio del comunero Javier Chocobar, Darío Luis Amín. El juicio se inició el viernes 9 de agosto bajo el planteo insólito de que el cacique Demetrio Valderrama y el sobrino del asesinado Javier Chocobar, Ismael Chocobar, usurparon las tierras donde ellos mismos viven, territorios que fueron reconocidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como patrimonio ancestral de los Chuschagasta.

Por este motivo, a partir de las 8:30, el Pueblo Nación Diaguita convocó a todas las comunidades que lo integran, a las organizaciones sociales, organismos de DD.HH y a la sociedad en general, a concentrar en el Fuero Penal del Poder Judicial, calle España 430, en apoyo a los Chuschagasta y a sus referentes enjuiciados.

“Afrontamos este nuevo proceso judicial como la continuidad por parte de la familia de usurpadores/ terratenientes Amín de intentar apoderarse de nuestro territorio ancestral Diaguita y a su vez es una persecución deliberada hacía nuestras referencias políticas”, expresaron en un comunicado.

Sobre la insólita acusación, el abogado de la familia Chocobar, Carlos Garmendia, explicó que “no es que las comunidades indígenas fueron, se pararon en el lugar y dijeron `esto es mío y quiero que lo reconozcan porque sí´. El derecho de la comunidad a esos territorios es un hecho, estamos hablando de familias que efectivamente viven allí desde siempre”.

En este sentido, los Chuschagasta manifestaron que “llevan adelante esta nueva instancia judicial de manera colectiva y orgánica a pesar de que la justicia nos enjuicia de manera individual. Los pueblos originarios vivimos en constante peligro resguardando nuestros territorios y la vida de nuestras nuevas generaciones. Exigimos que nuestros derechos colectivos sean garantizados como lo manda la constitución nacional para poder desarrollarnos en paz en nuestro territorio”.

Vale aclarar que la Constitución Nacional en su artículo 75 inc. 17 como así también la Constitución de Tucumán en su artículo 149 (entre otras leyes a nivel nacional e internacional) reconocen a los pueblos originarios como un sujeto colectivo (no individual) con derechos especiales, por lo que gozan de los mismos derechos civiles y ciudadanos que el resto de la sociedad argentina. 

Además, por pertenecer a un pueblo originario y ser parte de ese sujeto colectivo, poseen un marco de Derecho Indígena que emana del Derecho Consuetudinario (propio) de cada pueblo, el cual es de incidencia colectiva, es decir que afecta a todo el pueblo en su integridad cultural y territorial.

Dados estos argumentos jurídicos, la comunidad indígena viene exigiendo que el Estado se adapte a la realidad plurinacional y ponga en práctica sus derechos colectivos. Además, consideran “urgente” que se implemente la ley de propiedad comunitaria indígena, una herramienta creada a los fines de poner freno a los ataques físicos y judiciales que constantemente sufren los pueblos originarios.

Un antecedente sangriento

El 24 de octubre de 2018 finalizó el juicio oral por el asesinato de Javier Chocobar por parte de Darío Luis Amín y sus sicarios Luis Humberto “El niño” Gómez y José Valdiviezo Sassi, estos dos últimos ex policías quienes fueron mano de obra de la última dictadura cívica militar. 

El ataque fue perpetrado el 12 de octubre de 2009 cuando, además, hirieron de gravedad a los comuneros Emilio Mamani y Andrés Mamaní. La comunidad debió esperar 9 años y soportar continuas amenazas, la desprotección del Estado y la indiferencia judicial hasta que pudo obtener justicia.

El juicio dio como resultado las penas de prisión para Amín de 22 años, Gómez 18 años y Valdivieso 10 años de codena y reforzó el reclamo de los Chuchagasta en el reconocimiento de sus territorios ancestrales, los que hoy vuelven a ser puestos en duda por la madre del terrateniente asesino.