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"Nuestro orgullo tiene historia": segunda mega marcha del orgullo LGTB+

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Miles de personas se movilizaron este sábado en defensa de los derechos de la comunidad y por el respeto a la diversidad sexual, en una jornada que conjugó banderas de todos los colores, lucha y fiesta.

Este sábado se realizó la segunda mega marcha del orgullo LGTB+ en Tucumán, una jornada que conjugó la lucha histórica de uno de los sectores más olvidados por el Estado con una verdadera fiesta de la diversidad. “Tenemos tantas identidades como personas puede haber y nosotros marchamos para que se las respete a todos”, expresó Pable Gambarte, de la biblioteca Ayelén.

La marcha inició a las 17 en plaza Urquiza y tuvo como destino la plaza Independencia. En el medio, la movilización pasó por la Facultad de Abogacía de la UNT y luego por el Siprosa, donde además de exigir la renuncia de la ministra de Salud, Rossana Chahla, se reclamó por el aborto legal, seguro y gratuito y por la aplicación efectiva del protocolo para abortos no punibles. Asimismo, otro de los reclamos más fuertes de este año tiene que ver con el faltante de hormonas y el faltante de medicamentos para el tratamiento del VIH. “Tenemos la misión de terminar la estigmatización del VIH. Se tienen que terminar los prejuicios y la discriminación”, sostuvo Gambarte.

También se alzaron las banderas de justicia por Ayelén Gómez, Cynthia Moreira, Lourdes Reinoso y Gala Perea, casos que generaron un impacto significativo en nuestra provincia, pues lograron agita el avispero en una sociedad que aunque lo niegue aún se resiste a aceptar la diversidad. Cada vez que la conductora de la jornada nombraba a cada una de ellas, las calles explotaban con el grito de "basta de transfemicidos" que elevaban al unísono miles de personas.

El del cupo laboral trans, una deuda que los gobiernos nacional y local no resuelven desde hace años, fue otro de los lemas que apuntalaron la movilización. “No hay ningún motivo para que las personas trans no puedan acceder al mercado laboral. Las únicas razones por las que no ingresan tienen que ver con la estigmatización del colectivo trans. Es una batalla que venimos dando hace muchos años”, remarcaron.

La derogación del código de contravenciones vigente desde la dictadura y la falta de acceso a salud y a la educación, fueron de los estandartes más fuertes de la jornada. “La marcha, si bien es un festejo, tienen un alto contenido político. Por un lado, nos mostramos orgullosos de lo que somos, pero por el otro, es un reclamo a los poderes del Estado”, explicó Gambarte, quien resaltó la necesidad de que en Tucumán se implemente la ESI para combatir la discriminación. “Tenemos que implementar la ESI para que se respeten todas las identidades. Tucumán tiene el grado más alto de suicidio adolescente. La ESI viene a resolver todas estas falencias”, subrayó.

Una marcha contra la violencia y la discriminación, dos flagelos que comienzan en casa

Los problemas para una persona trans casi siempre inician desde edad temprana en el ámbito familiar, una situación que ni la escuela ni el Estado logra –tampoco lo intenta demasiado- revertir.

Según advierten desde el Observatorio de Género y Diversidad, el trato digno dentro de las familias no está garantizado. Cuando una persona comienza a manifestar una identidad contraria a la norma heteropatriarcal es la misma familia la que discrimina y le imparte violencia. Lo mismo ocurre en las instituciones educativas. Prácticamente ninguna está capacitada para cobijar a las comunidades LGTB+; en esos ambientes también se reproduce la discriminación machista, la marginalidad y en algunos casos también la violencia.

No es casual entonces que la mayoría de los jóvenes de esta comunidad abandonen o sean expulsados de sus hogares cuando sólo tienen entre 10 y 11 años. Tampoco es casual que menos del 30% finalice con éxito la escuela primaria. Muchos colegios siguen enseñando, bajo la excusa de una moral particular, el odio o la conmiseración hacia las personas que viven una identidad, una orientación o una expresión de género no acorde a la heteronorma.

Contario a lo que muchos ignoran, la violencia machista no sólo afecta a las mujeres heterosexuales, también se imparte –y se exacerba- en contra de las comunidades LGTBI+. Más del 90% de los travestis, transexuales y transgéneros sufren de alguna forma de violencia; cifras que reflejan la resistencia de algunos sectores en aceptar la diversidad de género.

Combatir con orgullo la discriminación en el mercado laboral

Esta es una de las mayores y más importantes demandas de la comunidad trans, travesti, transexual, transgéneros de Argentina (TTT). Si bien se conocen algunas experiencias aisladas en el ámbito público, no hay hasta el momento una oferta laboral significativa para el sector. En este marco, insisten en la necesidad de una ley de cupo laboral trans que les garantice un derecho tan básico como el del acceso a un trabajo digno.

El punto de partida en el marco legal para las comunidades TTT fue la sanción en 2012 de la ley de identidad de género, que permite a cada persona ejercer el derecho al libre desarrollo personal, contemplando también el acceso a un trabajo digno y la atención correcta en cualquier hospital o centro de salud. Pero como se sabe, de la teoría a la práctica siempre hay un largo trecho. Hay un enorme conjunto de leyes sancionadas en esta última década que está esperando su realización, exigiendo un cambio social. Pero como las leyes están más avanzadas de lo que la sociedad está dispuesta a aceptar, una gran cantidad de derechos quedan relegados.

Números que duelen

-Entre 10 y 11 años, es la edad promedio en la que la mayoría de los jóvenes son echados a la calle por sus propias familias porque no respetan su identidad autopercibida.

-El 70% de ellas no termina la escuela primaria y sólo un 20% termina la secundaria. Además, sólo el 30% de las personas que sí logran completar sus estudios consiguen un trabajo formal.

-Más del 90% de las travestis, transgéneros y transexuales sufrieron y sufren sistemáticamente algún tipo de violencia.

-Las condiciones de vida, las situaciones de vulnerabilidad, de estigmatización y la falta de respuestas del Estado, han llevado a que en toda Latinoamérica la esperanza de vida de una persona trans no supere los 40 años.