Organismos internacionales como la Delegación de Derechos Humanos del Parlasur o enviados de la CIDH en Bolivia, han confirmado las últimas horas que lo dicho por el presidente derrocado Evo Morales, y negado por el presidente saliente Mauricio Macri, es verdad: desde la toma del poder con la biblia en una mano, y un fusil en la otra, el gobierno de facto produjo 32 muertos, 832 heridos y 1513 detenidos. La Delegación Argentina en Solidaridad compuesta por actores multidisciplinarios, entre ellos el jurista Roberto Carlés, el dirigente social Juan Grabois, suma detalles escalofriantes del terrorismo desatado en Bolivia.
El documento preliminar, que se presentó días atrás en la sede del sindicato de periodistas SIPREBA, tendrá una versión ampliada y definitiva en unos veinte días. “Se tomaron testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad de El Alto, se visitaron domicilios particulares de otras víctimas también a personas hospitalizadas y se reunieron en distintos puntos de La Paz con actores de la política y los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas. Por las amenazas explícitas del Ministro de Gobierno (de facto) Arturo Murillo y el accionar de grupos de choque civiles”, la delegacion no pudo concretar la totalidad de las actividades programadas, segun lo presentado por esta Delegación argentina en las primeras páginas de su informe.
Victoria Freire socióloga y militante feminista, referente del espacio Patria Grande e integrante de esta delegacion dió a conocer lo que vió y registró los testimonios en el ambiente represivo de Añez y Camacho en las calles de La Paz: “Hay grupos de choque dedicados diariamente a violentar la estancia de las comunidades originarias que habitan La Paz ( disparos abiertos desde helicópteros hacia la población de Senkata) con personas heridas que no fueron a los hospitales por temor a ser apresados ahí.
En Potosí y Oruro también se registraron hechos de violencia, muchos dirigentes han optado por pasar a la clandestinidad para sobrevivir a un gobierno de facto que actúa por la fuerza”.
Por último Victoria Freire hace hincapié en el sesgo claramente racista y patriarcal del gobierno de facto: “De fondo observamos una profunda violencia racista contra los sectores populares, y contra sus símbolos identitarios. Ese es el cuadro con el que nos encontramos en Bolivia. Las propias dirigentes campesinas describen al golpe como profundamente discriminatorio, con una carga de odio muy fuerte hacia las mujeres aymaras y quechuas que son las que han recibido ataques sumamente violentos que incluyen delitos contra la integridad sexual llevados a cabo por los uniformados”. /eldestapeweb.com
