El Gobierno suspenderá el decreto que Mauricio Macri firmó
14 días antes de dejar la Casa Rosada y que creaba un régimen de privilegio que
extendía por cinco años los puestos jerárquicos del Estado para 3000
funcionarios nombrados en su gestión. El decreto 788 del año 2019, implica
"una grave distorsión de los principios establecidos en relación con el
Empleo Público, afectando derechos y deberes de empleados y funcionarios y
atentando contra los recursos del Estado", sostuvo la secretaria de
Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, para anticipar la
decisión de la nueva administración de suspender el decreto que también
rubricaron el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ahora ex ministro de
Producción y Trabajo, Dante Sica. La norma pretendía dejar una gruesa capa
geológica del macrismo en puestos clave de administración pública y les
garantizaba millonarias indemnizaciones en caso que fueran despedidos. El
decreto había sido cuestionado y denunciado desde los propios abogados del
Estado y el gremio de ATE.
Castellani, argumentó la decisión del nuevo Gobierno en que
el decreto de Macri modifica el Convenio Colectivo del Sector Público,
estableciendo un nuevo régimen de acceso, retribución, permanencia, promoción y
egreso de la Alta Dirección Pública e involucra a más de 3.000 cargos, creando
un escalafón de "privilegio para funcionarios y quebrando la carrera
administrativa, generando un sistema diferencial y privilegiado para altos
funcionarios".
El régimen que se buscó establecer dispone "una carrera
paralela con una exclusiva escala remunerativa, flexibilizando los requisitos
de formación y experiencia acreditables para acceder a la alta dirección
pública, además de garantizar la posesión de los cargos por un período de 5
años o, en su defecto, una indemnización fuera de toda proporción",
señalaron fuentes de la Jefatura de Gabinete.
Desde la Jefatura precisaron que para el presidente Alberto
Fernández es "vital" construir un nuevo sistema que "jerarquice
las funciones y el acceso a los altos cargos dirección, respetando la
capacitación, experiencia y honestidad que todo agente estatal debe poseer para
ser un buen servidor público".
El gobierno de Cambiemos inició su mandato en diciembre de
2015 con miles de despidos en todas las dependencias de la administración
pública y estigmatizaba a los trabajadores que resistían los despidos como
“ñoquis” y “grasa militante”. Pero a menos de dos semanas de finalizar el
mandato, Macri creaba por decreto el "Régimen de Alta Dirección
Pública" que daba “estabilidad laboral” a unos 3000 funcionarios
jerárquicos y directores nacionales nombrados por su gestión. Además establecía
que para removerlos debía pagarse una indemnización equivalente a los sueldos
del tiempo que resta para completar ese plazo de cinco años. A modo de ejemplo,
en el caso de un director general que estuviera en el rango más bajo (inicial),
la indemnización podría superar los 10 millones de pesos si ingresó este último
año.
El decreto homologa un acta acuerdo que fue convalidada por
UPCN y rechazada por ATE. Desde el Gobierno negaron que el decreto permita la
permanencia de sus funcionarios y sostuvieron que "promueve un sistema de
concursos más transparente". Desde UPCN también negaron ante este diario
que el decreto implique un amparo a funcionarios macristas. "Lo que
planteamos es que hay un intento claro de colonizar el Estado nacional con la
fuerza política que se está yendo. Le quieren agregar una dificultad más al
presidente que está llegando", había dicho entonces a PáginaI12 el
secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández.
Por su parte, la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) cuestionó que el régimen de ingreso que había dispuesto Macri tiene "exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional que el vigente, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto con respecto al resto y otro indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de categoría-, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el Gobierno saliente”./Fuente. Página12.