Este viernes, el juez tucumano Facundo Maggio también se declaró incompetente para investigar al ex gobernador José Alperovich en la denuncia de violación que presentó una sobrina y dispuso que la causa vuelva a estar a cargo del magistrado porteño Osvaldo Rappa, quien había declinado ayer hacerse cargo de la investigación con el argumento de que tanto la denunciante como Alperovich tienen domicilio en esa provincia, al igual que la mayoría de los eventuales testigos.
Según explicó el juez de Tucumán, le pidió a su par de Buenos Aires que reconsidere su decisión y que en caso de mantener la postura, eleve la causa a la Corte para que resuelva cuanto antes el destino de la grave denuncia contra el ex gobernador, que por ahora sigue sin juez. Maggio también dijo que tuvo en cuenta el planteo de la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, quien pidió que toda la investigación quede concentrada en la Capital Federal. Una solicitud que también hizo el fiscal de instrucción Santiago Vismara.
Preocupados por esta dilación, desde el equipo técnico de acompañamiento a la denunciante de José Alperovich emitieron un comunicado para expresar su preocupación de que la Justicia no defina con premura la competencia del caso para que el juzgado asignado se expida sobre la apertura de la investigación jurisdiccional y resuelva los pedidos de la denunciante. No obstante, aclararon que confían que “prontamente el Tribunal superior tendrá la última palabra sobre la competencia de la jurisdicción, con la inteligencia suficiente de entender que la multiplicidad de hechos sucedidos en jurisdicciones diferentes deben ser investigados sin dilación y con la mayor celeridad para el esclarecimiento de la verdad objetiva y contando con las actuaciones jurisdiccionales de ambos territorios en caso de ser necesario”.
“Instamos a que la definición de competencia se concrete antes de la Feria Judicial. Nos parece oportuno recordar que el Estado tiene la obligación inmediata de actuar con la debida diligencia requerida para prevenir, investigar, y sancionar todos los actos de violencia contra las mujeres, cometidos tanto por actores estatales como no estatales, según lo establecen los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En ese mismo sentido, tiene la responsabilidad de garantizar la disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos, adecuados, e imparciales para víctimas de violencia contra las mujeres. Entendemos que este caso ha tomado una dimensión muy grande para la sociedad por lo que nos vemos en la responsabilidad de informar cada paso que se toma. Instamos a que la competencia se resuelva prontamente para no incurrir en la revictimización de la denunciante”, sentencia el comunicado.
