El vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, designó como funcionaria a la ex fiscal de Estado y defensora del genocida Antonio Domingo Bussi, la abogada Gilda Pedicone de Valls, en el cargo de “Dirección de Asesoría Letrada” del parlamento tucumano, según informó este miércoles Página12.

Este cargo le confiere a la abogada macrista mucho poder dentro de la Legislatura provincial, ya que podrá iniciar sumarios internos contra los empleados de la Legislatura, además de otras funciones como asesorías letradas, administrativas, legislativas, judiciales e investigaciones administrativas.

Jaldo tuvo la iniciativa hace diez días, acompañado por la mayoría de los legisladores que pertenecen al cuerpo, que guardaron silencio igual que la mayoría de los medios de comunicación locales.

La nueva funcionaria legislativa fue fiscal de Estado durante el gobierno del represor, condenado por delitos de lesa humanidad, Antonio Domingo Bussi, durante el período 1995-1999. También fue abogada defensora del mismo genocida cuando se realizó el juicio político en su contra y le descubrieron cuentas secretas en Suiza. Por entonces, Bussi inmortalizó la frase “ni lo niego, ni lo afirmo”. Durante el proceso que se llevó adelante, Gilda hacía declaraciones como abogada defensora del ex militar.

En 1998, cuando Bussi fue acusado por falta a los deberes de funcionario público, Pedicone de Valls declaró que "en tiempo y forma, el señor gobernador había dado cumplimiento a las disposiciones de la ley 3981 y sus decretos reglamentarios, presentando la declaración jurada patrimonial al asumir su cargo y, posteriormente, su actualización en febrero de 1998".

Pero el fiscal federal Paul Starc descubrió, en ese momento, la existencia de dos cuentas bancarias más en Estados Unidos y en Alemania y detectó 16 inmuebles familiares. Aun así, Pedicone de Valls aseguró que Bussi era inocente.

A pesar de no haber tenido cargos públicos desde la retirada del represor en 1999, Pedicone no perdió el tiempo. Desde que comenzó la campaña de Mauricio Macri para presidente en 2014, trabajó para Cambiemos en Tucumán junto al ex funcionario de Aysa Pablo Walter. Es más, estuvo a cargo de la filial local de la Fundación Pensar, órgano de pensamiento del macrismo en todo el país.

Cuando fue designada, hace pocos días, Pedicone de Valls dijo que, “asumí esta oportunidad con compromiso y dedicación. Es mi deseo hacer un aporte serio y comprometido y estoy muy conforme con el equipo y el desafío”, según publicaron en Página12. Lo curioso es que cuando se difundieron sus antecedentes profesionales y académicos sólo se puso en valor su paso por cátedras universitarias y no su vinculación y pasado con el bussismo.

Tucumán tiene antecedentes en la designación de funcionarios con poder a civiles colaboracionistas con los genocidas de la peor dictadura militar argentina. En 2008, el ex gobernador Alperovich quiso designar como vocal de la Corte Suprema de Justicia a Francisco Sassi Colombres, colaborador letrado del torturador Bussi. Fue por la intervención del ex presidente Néstor Kirchner lo que obligó a Alperovich a hacer jurar y renunciar al funcionario el mismo día.

En 2018, el gobernador Juan Manzur designó –con apoyo parlamentario- al Dr. Facundo Maggio, defensor de varios imputados –algunos condenados- por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, como juez de Instrucción Penal de la II nominación, a pesar de que la candidatura de Maggio había sido cuestionada por todos los organismos de Derechos Humanos y por varias figuras de la oposición, que interpretaron su designación como una reconciliación con los genocidas de la dictadura cívico militar.

Curiosamente, Maggio tiene a su cargo investigar la denuncia por abuso sexual con acceso carnal realizada por una sobrina segunda contra el senador y exgobernador de la provincia, José Alperovich, por quien Jaldo había jurado como “el mejor gobernador de la historia de Tucumán”, cuando asumió como Diputado Nacional en 2013.

Es válido recordar que Maggio es sobrino del ministro público fiscal de Tucumán, Edmundo Jiménez, cargo en el que fue designado por Alperovich, luego de haber sido su ministro de Gobierno y Justicia desde 2003 hasta 2014.