“Sin la ayuda del gobierno sería muy difícil mantener los servicios de salud en las condiciones actuales”. Esa fue la primera conclusión a la arribó la referente sindical, tras reflexionar acerca del contexto en que se encuentran hoy las obras sociales, del cual no escapa la Obra Social de Docentes Privados (OSDOP).

En primer lugar, Hernández remarcó que hoy las obras sociales deben mantener en funcionamiento estructuras realmente costosas con una reducción significativa de los ingresos que perciben por los aportes de los trabajadores. Esto es, deben seguir pagando salarios y servicios públicos, y deben mantener las prestaciones a los afiliados, que si bien se redujeron en gran medida a cuestiones de urgencia, si se deben cubrir los tratamientos de alto costo (como el caso de pacientes oncológicos o con discapacidad, entre otros) que son impostergables. Mientras, la suspensión de la obligatoriedad de los aportes que realizan las empresas a la seguridad social, una medida que buscaba aliviar la situación económico-financiera de estas, tuvo como daño colateral una drástica caída en la recaudación de las obras sociales que, según asegura la dirigente, gira en torno al 50%.

A esta situación, ya de por sí dramática, se debe anexar la deuda –histórica- que el gobierno mantiene en concepto del Fondo Solidario de Redistribución, recursos que se obtienen de un porcentaje de los aportes que realizan los trabajadores activos y que maneja la Superintendencia de Salud, y que según estiman desde OSDOP alcanza los $50 mil millones.

Asimismo, la irregularidad en las devoluciones por prestaciones brindadas en el caso de tratamientos especiales (que suelen ser de muy alto costo) también conspira contra las condiciones de las obras sociales para hacer frente a la crisis económico-sanitaria. “El gobierno viene desde hace mucho tiempo realizando devoluciones de manera irregular, fuera de los plazos acordados y por montos inferiores a los que corresponden. Por ejemplo, nosotros cubrimos y abonamos prestaciones por un total de $30 millones y al tiempo solo percibimos unos $10 millones”, subrayó la directiva de OSDOP.

En este panorama los programas de ayuda financiera que dispuso el Ejecutivo Nacional, como el de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que contempla una ayuda para el pago de sueldos, suponen un paliativo importantísimo que “permitirá –dijo Hernández- el sostenimiento de nuestras entidades, ya que sin ellos sería imposible que las obras sociales sigan funcionando”.

No obstante, remarcó que es imperioso que se reactive la actividad económica “cuanto antes” para que las empresas puedan realizar los aportes en tiempo y forma y así las obras sociales puedan garantizar la cobertura de todas las prestaciones médicas. “Sabemos que la salud debe ser una prioridad y por eso entendemos que la situación de las obras sociales debe ser atendida de manera urgente”, sentenció.