Juez Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Gabriel Casas, en diálogo con el periodista Diego Tomas, por FM Radio Prensa, durante el programa Alguien Nos Perdonará, consideró que "que más allá de los errores, defectos y negligencias que pudieran haber ocurrido en algunos casos determinados, creo que no se ha asumido, a mi modo de ver las cosas sobre todo en la cuestión penal, que el juez tiene que estar resolviendo permanentemente con una visión de ponderación de dos intereses centrales en juego, que son dos platillos de una balanza: el bien común y la dignidad personal".

Sostuvo que "en las decisiones jurisdicciones tiene que respetar y preservar el equilibrio de esos principios esenciales en toda sociedad, que pretende una convivencia en paz. Si lo sacrifica a lo que es el platillo del bien común, que sería el interés general la persecución del delito y la prevención del delito, en haras de que solo pesa los derechos individuales del imputado, se desiquilibran los platillos y entra en crisis la sociedad".

Casas también reconoció que "tampoco puede ser que en haras del bien general, el espíritu del pueblo decída la constitución de los nazis, sean totalmente avasallados los intereses individuales. Pero tiene que haber un punto de equilibrio".

"Creo que se interpreta mal el garantismo cuando se transforma y se sacrifica el otro platillo que está representado por la represión y prevención del delito, y en consecuencia en el delito la protección de las víctimas o de las eventuales víctimas. El método que esta sociedad tiene vigente para resolver esas cosas, es la pena de prisión", apreció el magistrado.

Está claro que la pena es una amarga necesidad, es dolorosa, tiene sus defectos y no consigue resocializarse muchas veces, pero es una necesidad.

"Si uno es juez penal, no puede ejercer sus funciones si está en contra de la pena de prisión. Tal vez lo pueda hacer desde el punto de vista doctrinario en su clase", expresó el exdiputado provincial entre 1985 y 1991.

Hoy el código penal acorta los tiempos y eso es bueno para que la gente encuentre justicia de manera rápida, por eso Casas apreció que "el sistema está perfectamente bien concebido, pero no reposa fundamentalmente en los empleados y funcionarios judiciales, sino en los magistrados (fiscales, defensores y jueces)" y criticó a quienes apelan a las chicanas o al ejercicio de la abogacía basada en los planteos de nulidades, "que podrán estar bien por las garantías del acusado, pero ante una exgerada aplicación de estos recursos frente a las fallas técnicas que pudiera existir, habrá que ponerles un límite".

Contrato social

A la luz de los hechos trágicos que ocurrieron y ocurren en Tucumán, como los casos Ana Dominé, Abigail Riquel y Paola Tacacho, entre tantos otros, donde los responsables de esos delitos estaban libres cuando tenían causas pendientes con la Justicia, el magistrado federal dijo que "la sociedad espera que el que hace un mal lo sancionen con un mal, que no será exactamente igual al daño que provocó, pero la legislación estableció una pena o castigo que guarda cierta relación con ese daño y está aplicando un criterio retributivo".

"Eso acá tal vez se discute todavía, pero en otras latitudes o culturas, esto está claro, hiciste un mal te mereces un mal y punto. No se discute. La sociedad lo que está pidiendo es que se cumplan las penas. La población está queriendo que los que comenten algún delito reciban la pena que corresponda y que la cumpla", relató.

Por último, expresó que "el que lesione a la sociedad merece estar preso, porque esa es la organización social que hemos acordado, es el contrato social que debe prevalecer, caso contrario se rompe todo y esto sería la ley de la selva. Por eso tememosa que la gente ejerce la justicia por manos propias, es decir, que si no lo hacen los jueces lo hacen la turba. Claro que no está bien, pero esos son los factores, las situaciones emergentes de cuando no está funcionando bien la resolución del conflicto penal", aseveró el juez Casas.