“El proyecto de aborto del Gobierno es muy bueno y va muy en línea con el de la Campaña. Es muy importante que lo haya mandado el presidente, porque eso permite que se trate en sesiones extraordinarias”, inició Deza, quién celebró que el proyecto recoja “las demandas del movimiento feminista".

La abogada Soledad Deza es profesora de Feminismos Jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, integrante de la Fundación Mujeres X Mujeres y activista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Deza fue también la abogada que logró la libertad y el sobreseimiento de Belén, la joven tucumana que fue criminalizada tras sufrir un aborto espontáneo en el Hospital Avellaneda y que estuvo encarcelada casi tres años, luego de una condena injusta a 8 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo.

En diálogo con El Conejo Negro, programa que conducen Oscar Gijena y David Correa, Deza analizó los puntos más importantes del proyecto, sobre el cual realizó un balance positivo. En primer lugar, la letrada especializada en materia de feminismo jurídico consideró que con la sanción de esta ley se le quitará “el carácter de crimen al derecho a decidir sobre el aborto, como parte del ejercicio de la soberanía sexual de las personas con condiciones biológicas de gestar”. En este sentido, destacó que se haya contemplado el plazo de 14 semanas sugerido desde la Campaña como límite para solicitar la interrupción del embarazo y que se reconozca al aborto como un derecho.

Este último punto, sostiene Deza, “es muy importante porque a partir de que el aborto se considera un derecho, se lo legaliza”. “Al ser un derecho, el Estado tiene como correlato que asegurar la prestación médica de este derecho, con las mismas garantías que los derechos de cualquier paciente. Es decir, lo pone a la misma altura que cualquier consulta de salud”, agregó.

Según entiende la letrada, de aprobarse la norma, también las obras sociales estarán obligadas a garantizar el acceso al aborto. “Cuenta de un artículo especifico que lo incorpora en el PMO (Plan Médico Obligatorio), que es como el piso en materia de prestaciones de salud, y eso lo tienen que respetar las obras sociales y las prepagas”, señaló.

Otro de los puntos centrales que la abogada resaltó como positivos tiene que ver con la cuestión de las edades y, sobre todo, de la consideración que la norma realiza acerca de las adolescentes. En este sentido, remarcó que recoge “el paradigma de autonomía progresiva del Código Civil y Comercial, y reconoce a las adolescentes de entre 13 y 16 años la capacidad para decidir y consentir tratamientos médicos no invasivos”. Es decir, pueden decidir por sí solas practicarse un aborto farmacológico.

Esta cuestión es resaltada por la abogada como uno de los temas más interesantes del proyecto, pues apunta a poner fin a una realidad alarmante que se vive en Argentina, en donde cada 3 horas, una niña menor de 14 años es madre. “Todas esas niñas son niñas marrones, no son niñas nacidas en algún country. En Tucumán, el 19,4% de los nacidos vivos cada año tiene por madre a una mujer menor de 18 años. Es decir, 2 de cada 10 nacidos tienen a una madre que no alcanza la mayoría de edad”, remarcó.

“El aborto ocurre en la vida de las mujeres de todas las edades, de todas las condiciones sociales y de todas las religiones. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, por año se practican entre 379 mil y 522 mil abortos por fuera de sistemas seguros, es decir, en la clandestinidad. Hay que dejar de lado la hipocresía, dejar de lado el silencio, de hacer como si no pasara nada, y tenemos que comenzar a sincerar el debate. Aquí no se discute si estamos a favor o en contra del aborto, si es bueno o malo, lo que discutimos es si hasta la semana 14 una mujer puede decidir abortar sin recurrir a la clandestinidad, sin poner en riesgo su salud y sin ir presa. Es ese el debate”, subrayó.

Más allá de lo que ocurra con la norma en el Congreso, la activista considera fundamental que la provincia se actualice en materia de derechos de reproducción y salud sexual. En este marco, recordó que Tucumán es la única provincia que no adhirió a la ley nacional que prevé el programa nacional de salud sexual, una iniciativa que, entre otras cosas, garantiza la difusión de información acerca de métodos anticonceptivos y su provisión de manera gratuita. “Después de 18 años, Tucumán es la única provincia que no entrega métodos anticonceptivos gratuitos, pero en donde si se persiguen a mujeres que abortan. Nuestros gobernantes necesitan un poquito de honestidad y ética”, sentenció.