En el marco de la Reforma Laboral, el Gobierno propone eliminar la ley 12.908, que establece un piso legal de protección a una actividad que, por su propia naturaleza, esta sujeta a presiones constantes de los poderosos. Se trata de un guiño a las grandes corporaciones mediáticas, disfrazado de modernización, pero que en la realidad apunta a debilitar al periodismo para anular cualquier postura contraria a los intereses de los grandes grupos económicos.