La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio presentó un proyecto para crear un ingreso por indigencia, que beneficiaría a 1.7 millones y fue elaborado después de una ronda de consultas con organizaciones sociales y funcionarios.

Es mucho más restrictivo que el salario básico universal que propone Juan Grabois, porque abarca a desocupados desde 25 años a uno menos que el límite de la jubilación (59 mujeres y 64 hombres), que no sean beneficiarios de planes sociales. 

Recibirían el equivalente a una canasta básica alimentaria por adulto, que según el Indec alcanza 15.057 pesos mensuales. Se actualizaría por trimestre. 

El proyecto de Itahí Hagman, diputado del Frente de Todos cercano a Grabois, también propone pagar una canasta por adulto, pero abarca a desocupados de entre 18 y 64 y a quienes registren bajos ingresos. 

Se definen como tales a trabajadores de casas particulares, monotributistas de categoría A o asalariados con haberes similares. El beneficio llegaría a entre 7 y 9 millones de personas y el costo fiscal podría ser entre 2 y 3 puntos del PIB.

El proyecto de Di Tullio establece un ingreso a desocupados que no tengan planes sociales y se deberá renovar cada año. El de Grabois incluye a monotributistas y asalariados que ganen poco y tiene un costo fisca mucho mayor. 

Cristina Kirchner respaldó la iniciativa pero, como anticipó LPO, Di Tullio trabajó en un diseño que redujera el impacto fiscal, que esperaba presentar la semana pasada, pero debió postergar hasta que el nuevo ministro de Economía Sergio Massa se pusiera al tanto. 

Calcula un costo fiscal de 0.09 del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44 durante el año siguiente. La reducción es porque el ingreso durará un año y para renovarlo en beneficiario deberá acreditar que continúa sin ingresos.

Y se promueve la incorporación de los beneficiarios al trabajo formal a través de la articulación con empresas y sectores de la actividad económica.

De esta manera, el Estado se encargaría de la reinserción laboral del beneficiario, que formará parte de un Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi) que tendrá a su cargo la inscripción, mediante un cruce de datos con Anses.

El proyecto ingresó este lunes con la firma de Di Tullio y del jefe de interbloque Frente de Todos José Mayans. 

Todavía no tiene fecha de tratamiento, pero se estima que no podrá demorarse más allá del debate del presupuesto, que llegará el 15 de septiembre a Diputados. El último no se sancionó y el kirchnerismo lo cuestionó, justamente porque no contemplaba ayuda directa a los sectores vulnerables.  LPO Juan Carlos Casas