Los casos de Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jay Mammon, y el de Helena Calcagno, que denunció a su padre, Hugo Calcagno, reavivaron el debate sobre como se aborda desde el ambito judicial, por un lado, y desde lo social, por el otro, la problemática del abuso sexual infantil.
En primer lugar, cabe destacar que ambos casos tuvieron una respuesta inmediata de la sociedad, reflejada en las redes sociales con miles de mensajes de apoyo a las presuntas víctimas y pedidos de justicia. No obstante, de los dos, el que generó mayor controversia fue el caso de Lucas, por estar involucrada una celebridad, pero también porque puso en agenda el tratamiento judicial que se le dió a esa causa en particular y cuya resolución podría marcar jurisprudencia.
Sucede que por tratarse de un hecho presuntamente ocurrido en 2006, pero denunciado recién en 2020, nunca se investigó, pues la ley anterior ordenaba su prescripción por transcurso del tiempo (en 2015 se aprobará la ley de respeto al tiempo de la víctima que cambia significativamente este concepto).
No obstante, para organizaciones como Pañuelos Amarillos esa prescripción debería quedar nula y darse inicio a la investigación penal, pues entienden que más allá de lo que diga la normativa, esta queda subordinada a los principios consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, a la cual nuestro país adhirió en 1990 y le otorgó jerarquía Constitucional en 1994.
Tomando esto como punto de partida, Colomba Nazca, referente local de la asociación, consideró que un delito de abuso sexual cometido contra un menor no debe prescribir, porque debe primar el interes superior del menor. "Un niño no tiene armas ni herramientas para dar inicio a un proceso legal. Siempre se necesita de un adulto que haga de vehículo para la denuncia, y Lucas no tenía papá y su madre acababa de fallecer. Eso debe ser tomado en cuenta por el fiscal", sostuvo.
Nazca
sostiene la idea de que la prescripción de la causa esta contemplada en
una norma que entra en conflicto con un tratado de jerarquia superior y,
por lo tanto, es inconstitucional.
Además, agregó que "cuando un menor se encuentra en un estado de sometimiento constante durante mucho tiempo, estamos hablando de un delito de lesa humanidad, y los delitos de ese índole no tienen prescripción por tiempo. Siempre el interes superior del niño debe primar por sobre toda otra norma".
Por otro lado, la abogada celebró que los temas se hayan visibilizado y recibido la condena social, lo cual consideró un paso muy importante. No obstante, aclaró que todavía queda un largo camino por recorrer: "Antes se creía que un abuso era cuestión momentanea y no dejaba tantas secuelas. Ahora, gracias a los medios y las redes, se comenzó a visibilizar las secuelas que te deja un caso así. Cuando se produce un abuso, se produce una ruptura en todas las estructuras de pertenencia de la víctima: laboral, religioso, familiar, emocional, educativa, cultural. Considero importante trabajar en la inclución de la víctima. Se requiere un marco de aceptación y contención en la familia, en la escuela, en el trabajo. Eso todavía no se plantea, de hecho, estamos recién en una instancia de condena social y de conciencia de que estos casos deben ser resuelto por la justicia", sentenció.
