La denuncia de la provincia de Chubut, que asegura que el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones, sumó expresiones de solidaridad de 20 gobernadores que apuntan por la falta de transferencia de Javier Milei a las provincias. Los mandatarios de Juntos por el Cambio se sumaron a los reclamos.
"El Gobierno nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia", sostiene el comunicado, que apunta contra el Javier Milei: "No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país".
El documento está firmado por Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis). que expresaron su solidaridad con Ignacio Torres (Chubut).
En un documento firmado por los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) recuerdan que "las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio".
"Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a sus órdenes", continúa el documento, en donde consideran que "de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica".
El documento concluye afirmando que "si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas. Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas. Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir".
