El gobierno se anotó su primer triunfo parlamentario este martes, al conseguir los votos suficientes para que la ley Bases cuente con media sanción de la Cámara de Diputados. La iniciativa fue aprobada en general y en particular casi sin modificaciones, con la excepción de la incorporación de un apartado que refiere a los impuestos al tabaco.
En su Título IX, el proyecto establece el fin de la moratoria previsional y un nuevo plan de jubilación denominado de Retiro Proporcional. "Es muy triste que se apruebe esta ley que va a impedir que muchos trabajadores, sobre todo mujeres, puedan acceder a una jublación", señaló la Dra. Fernández, quién aseguró que la iniciativa "es injusta" y no genera ningún beneficio.
"Hay que explicarle a la gente que acá no se está jubilando a personas que nunca trabajaron, se trata de trabajadores a los que les falta años de aporte porque sus empleadores no los registraron. Además, no se les regala nada, se les da un plan de pago en el que pueden comprar los años de aporte que les hace falta", explicó.
Según la especialista, las personas que ingresan al plan de facilidades de pago de deuda previsional compran los aportes al mismo valor que los descuentos que se le realizan a los trabajadores registrados.
"Hay que entender que con esto no significa que los que aporten 30 años van a cobrar más de jubilación. Eso no funciona así porque no se modifica el cálculo previsional, simplemente le niega la jubilación a muchos trabajadores", agregó.
En este sentido, Fernández indicó que si el Senado convierte en ley el proyecto enviado por el gobierno, 10 de cada 11 mujeres y 7 de cada 10 hombres no podrán acceder a la jubilación y se verán resignados al PUAM, que abona un 20% menos que el haber mínimo, o bien al nuevo programa proporcional, cuyo detalle todavía se desconoce porque será confeccionado en la reglamentación por el Ejecutivo.
Contradicciones
En el mismo debate que se dio este lunes y martes en Diputados, se aprobó dos iniciativas cuyos argumentos se contradicen. Por un lado, el oficialismo logró que se apruebe un régimen de blanqueo laboral y una reforma de leyes laborales que benefician a los empresarios; por el otro, el fin de la moratoria previsional.
Durante la defensa de los capítulos laborales, los diputados oficialistas justificaron la condonación de multas, deudas y sanciones por incumplir con la registración de empleados y el pago de las cargas sociales correspondientes, en función de que "la carga fiscal empuja a las empresarios a la informalidad".
Pero cuando llegó el turno de discutir el capítulo previsional, el argumento oficial fue que es injusto e ineficiente para el Estado que personas que no aportaron cobren una jubilación similar a quienes sí aportaron los 30 años.
Es decir, al mismo tiempo que reconocen que la informalidad es un problema grave en Argentina, niegan la posibilidad a quienes lo padecen de regularizar su situación. Justifican el perdón de las sanciones a los patrones incumplidores, pero responsabilizan a los trabajadores por los aportes que sus patrones no realizaron en tiempo y forma.
En diciembre del 2023 los trabajadores asalariados no registrados -en negro- superaron los 5,7 millones en Argentina. Con las leyes que pretende el gobierno, muchos de ellos llegarán a la edad jubilatoria sin todos los años de aporte y con pocas posibilidades de cobrar una jubilación digna. En ese contexto, las diferentes moratorias previsionales vieneron a corregir una injusticia, provocada por la falta de control estatal y de incentivos reales para la regularización del empleo.
