Las expresiones del gobernador Osvaldo Jaldo en contra de la huelga general convocada por la CGT resonaron como una amenaza en los oídos de los dirigentes sindicales. En conferencia de prensa, el mandatario cargó contra los gremios que decidieron adherir a la medida en Tucumán y apuntó fundamentalmente contra dos sectores: choferes y docentes.

"Hoy lo que se está haciendo es arriesgando las fuentes de trabajo. UTA tiene 3.000 familias que yo les sugiero que cuiden los empleos porque cobran gracias al Gobierno de Tucumán, que no sé hasta cuándo le vamos a poder dar los subsidios para que sigan cobrando. Los docentes exactamente igual. Y también así a muchos sectores de la administración pública", conminó Jaldo.

Ante la advertencia del mandatario, desde Sadop emitieron un comunicado para expresar su descontento. Según el gremio de docentes privados, la actitud de Jaldo "de atar el paro a la posible pérdida del empleo es una práctica antisindical penada por la ley que hasta puede dar lugar a la intervención del comité internacional de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo".

"Los argentinos, los tucumanos, los docentes venimos redoblando los esfuerzos desde hace mucho tiempo. Es lamentable y hasta ofensivo que los gobernantes no lo vean y en un día como hoy que los trabajadores decidieron hacer uso del derecho constitucional de huelga se sientan amenazados con discursos patronales, como si fuera un mérito pagar los sueldos en tiempo y forma, abonar el incentivo docente o pedir a los choferes de ómnibus que piensen en sus familias", agregaron en la misiva.

Esto último es en respuesta a la diatriba que ensayó Jaldo para restregar a los trabajadores los esfuerzos financieros realizados por su administración para el pago del FONID y los subsidios al transporte, luego de que el gobierno nacional -al cual apoya el tranqueño- decidió recortar los fondos a las provincias.

"De esta situación se sale con trabajo genuino, con salarios dignos que superen mínimamente la línea de la pobreza, respetando la Constitución Nacional en todos sus párrafos, derecho a huelga, a igual tarea igual remuneración, entre otros. Se sale sin violar las normas impositivas y de seguridad social, que al abonar un salario con un 70% de cifras en negro, convierte al mismo Estado en el mayor precarizador laboral", sentenciaron desde Sadop.