El decreto del gobernador Osvaldo Jaldo que instruye a las fuerzas de seguridad para aprehender a menores que perturben el orden público, que además podrán ser expulsarlos del sistema educativo y sus padres sancionados, recibió una catarata de cuestionamientos por su aparente inconstitucionalidad y por asemejarse más a una medida demagógica que a una solución real.
Para el abogado especializado en Derechos Humanos, Pablo Gargiulo, la reacción de Jaldo fue algo "coyuntural, llevado por la conmoción que han provocado estos enfrentamientos en la sociedad tucumana". "Se trata de dar una respuesta rápida, que se puede entender, pero que en sus fundamentos no comparto", sostuvo.
En cuanto al alcance real de la medida, el letrado explicó que el decreto tiene serias limitaciones legales, puesto que las leyes están por encima del gobernador. "Hay que interpretar el decreto bajo el amparo de la Constitución y los tratados internacionales", agregó.
Y explicó que "la Policía los puede detener, cuando se trata de chicos que ponen en riesgo a otras personas o a si mismos, por lo que no se pueden quedar cruzados de brazos. Pero no se los puede retener en el lugar ni encerrarlos con adultos. Tiene que llamar a los padres o tutores y entregarselos".
Remarcó que la solución a esta problemática no debe abordarse desde el Ministerio de Seguridad, sino desde Desarrollo Social y Educación. "Hay otros modos de intervenir y de tomar algunas medidas que tengan que ver con reflexionar los acontecimientos y evitar que sucedan a futuro".
La misiva del mandatario también prevé que aquellos estudiantes identificados como partícipes en las peleas, deben ser expulsarlos y no serán reincorporados durante el ciclo lectivo 2024. Para Gargiulo, esa respuesta empeora el conflicto en lugar de solucionarlo. "Esto los empuja a quedar en la deriva, marginados y sin contención. Eso solo puede agravar la situación. Para mí, esto es solamente una amenaza, como lo haría un padre de familai con sus hijos. La situación requiere algo más profundo".
En cuanto a las posibles sanciones a los empleados públicos cuyos hijos sean atrapados ejerciendo actos de violencia, consideró que viola el principio de igualdad ante la ley y que por lo tanto "no tiene asidero legal".
"Los padres no tienen responsabilidad penal por las cosas que hagan sus hijos. Las responsabilidades penales no se comparten. Y si ordenás sancionar a los empleados públicos simplemente porque los tenés más al alcance de la mano, eso es desigualdad ante la ley, algo que es inconstitucional", sentenció.
