Por más que bien temprano el ministro del Interior, Guillermo Francos, dijera lo contrario, tenía claro el oficialismo desde el día anterior que este martes no se firmaría el dictamen de la ley de Bases. Con la cantidad de expositores que habían quedado pendientes el lunes, era evidente que pasarían el día exponiendo.

Y así fue. La reunión arrancó a las 14.27, y se extendió más de 8 horas. A pesar de que el presidente de la Comisión de Legislación General, Bartolomé Abdala, pidiera insistentemente limitar las exposiciones, casi nadie se circunscribió a los 7 minutos previstos para cada orador. Promediando la noche el presidente provisional del Senado intentó levantar la reunión, señalando que el personal del Senado pedía dejar libre el salón a las 21, ya que debía acondicionarse todo para la sesión de este miércoles. Eso tampoco resultó.

El debate continuaba a las 21.30, cuando José Tamborenea, titular de CADIEEL, tras pedirles a los senadores que votaran “a conciencia”, advirtió: “Créanme que voy a invertir hasta el último peso que me queda en mi vida si sale el RIGI, me voy a poner de lleno frente al Congreso y voy a crucificar a todos los diputados que lo votaron a favor. Porque no tienen idea de lo que hicieron, es un desastre”.

Ese fue el tenor de algunos pasajes de la cuarta jornada de debate de este plenario en el que el oficialismo se ilusionaba con alcanzar el dictamen el jueves pasado. Ahora piensa hacerlo este jueves, aunque no tiene muchas ilusiones.

La obsesión oficial es tener la certeza de que tendrá los votos para cuando el texto llegue al recinto, y en ese sentido sigue negociando fuera del Salón Azul en pos de las modificaciones que pueda realizar para conseguir las voluntades necesarias para sacar la ley.

El primer expositor de esta extensa jornada fue el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez quien resaltó la división de poderes y el principio republicano y comentó que en 1994 “se intentó limitar constitucionalmente el ‘hiperpresidencialismo’ y reforzar el rol del Congreso”. Así, precisó que la delegación legislativa funciona si se cumplen con los requisitos previstos en el artículo 76 de la Constitución”.

El abogado señaló que “las bases establecidas deben ser claras, concretas, precisas, no pueden ser indeterminadas, vinculadas a la situación de emergencia que se quiere superar. Si no se cumple con estos requisitos o la ley es inconstitucional o los DNU serán declarados inconstitucionales”, y advirtió que “hay determinadas materias que no deben ser delegadas”.

“Si uno analiza el artículo 2 inciso a y b estamos lejos de cumplir con los estándares constitucionales y jurisprudenciales que conducen y determinan al instituto. La base del artículo 2 habla de habilitar la delegación legislativa para facilitar una mayor eficiencia y gestión del Estado en aras del bien común, es una base amplia e indeterminada que no está vinculada a un fin constitucionalmente previsto. Siempre se lo usó para limitar derechos, no para ampliarlos”, planteó.

Gil Domínguez señaló que hay una contradicción porque, por un lado, hay una delegación en materia administrativa, pero por el otro lado, se declara la emergencia administrativa: “hay una doble delegación sobre la misma materia”.

“Hay otros problemas en el resto del articulado”, precisó y cerró que “la delegación legislativa que se propone lo que implica es una habilitación al Poder Ejecutivo para que pueda hacer una reforma constitucional encubierta de lo que es el orden socioeconómico previsto en la Constitución y en los Tratados Internacionales”. En ese sentido, precisó que eso se ve explícito en el artículo 162 del RIGI y propuso que establezcan que “todos los decretos delegados deben ser aprobados en el plazo de 30 o 60 días para el Congreso y de no ser aprobados, serán rechazados”.

En segundo lugar, Guillermo Baudino (INTI Regional NOA) defendió al Instituto Nacional de Tecnología Industrial e indicó que “es una institución del Estado, federal e integrada”.

Asimismo, agregó que “permite tener un patrón de ensamble de todas las piezas que se fabrican en el país, controla todas las balanzas de exportación del país y el sello del INTI garantiza que se cargue un litro de nafta y sea un litro y no tres cuartos”.

A su turno, Alberto Baruj del CONICET indicó que el sistema de ciencia y técnica en el país consta de 17 organismos que fueron creados por leyes que tratan distintos temas como energía nuclear, producción agroalimentaria y agrobioindustrial. “El CONICET es el organismo transversal que provee recursos humanos, científicos y tecnológicos a todo el sistema que siempre puede mejorar y ser direccionado según las políticas de los gobiernos. Hoy está en vigencia la Ley 27.738 que marca el Plan de Ciencia y la Ley 27.614 que establece que el sistema es de interés nacional”, explicó.

“La modificación de todo este sistema tan complejo de manera brusca, sin mayor debate y análisis pone en riesgo toda la enorme inversión que hizo el país en construirlo y en permitir que actúe en post del desarrollo de nuestras capacidades. Hay un desarrollo federal del sistema que es incipiente y se ve amenazado por esta ley”, alertó y explicó que “la orientación de esta ley hacia la reprimarización y la extranjerización de muchos recursos lo que hace es prescindir de los actores locales y las capacidades”.

Baruj señaló que hay artículos que “ponen en riesgo el sistema”, como el 3 que “es un peligro muy grande para el sistema de ciencia y tecnología porque quedan expuestos a su disolución la mayoría de las instituciones. Podría desarmarse toda la estructura federal de los organismos de ciencia y técnica y el Ejecutivo quedaría facultado de cerrar los centros científicos, atómicos, estaciones experimentales del INTA”.

Así, propuso que a fin de preservar el sistema se incluya en el capítulo 3 una frase que diga “quedan excluidas de las facultades las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan los organismos del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación”. Por último, alertó por la modificación o disolución de los fondos fiduciarios que establece el artículo 5.

“El proyecto de ley no provee ninguna justificación para una intervención masiva de los organismos lo cual viola la arquitectura institucional plural que se ha construido a lo largo de décadas”, sumó.

Al ser consultado por la situación del organismo, Baruj afirmó que “el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología sigue vigente”, y admitió que “no hay intención de reorientación, pero sí nos comunicaron que hay una intención de atraer inversión privada”.

Asimismo, agregó que “la ejecución presupuestaria de menos del 1% de su presupuesto real que no se ha actualizado en 2023”. Remarcó que “no tenemos una orientación clara hacia donde ir hoy”, pero aclaró: “Por supuesto que tenemos las herramientas”.

Al momento de las preguntas en la reunión plenaria que trata la ley Bases en la Cámara alta, el senador riojano Juan Carlos Pagotto (LLA) cuestionó la postura del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez respecto a las facultades legislativas y cargó: “Hubo delegaciones en otros gobiernos y no han llevado a la disolución de este Parlamento”.

El abogado constitucionalista remarcó que “el uso y abuso de DNU y facultades legislativas de todos los gobiernos nos hizo llegar hasta acá”. Señaló, además, que en otros momentos ese uso y abuso fue “jugando dentro del sistema”.

Brevemente, Luciano Galfione, de la Fundación Pro Tejer resumió que “el sector textil lleva cinco meses de caída por más del 40%”, y explicó que “van 3.500 puestos de trabajo perdidos y 7.000 suspendidos”. “La verdad no la estamos pasando bien”, aseveró.