El oficialismo terminó este martes con un sabor amargo, tras haber experimentado en ambas cámaras sendos desaires. En Diputados, la oposición le infringió finalmente una derrota legislativa al forzar la sesión especial que había pedido para tratar el tema educativo. E inmediatamente después de concluida esa sesión en la que la oposición consiguió aprobar sendos emplazamientos para tratar proyectos relacionados al financiamiento universitario y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, concluía en el Salón Azul del Senado una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la que no pudo conseguir dictamen. Contrariamente a lo que se proponía, el oficialismo seguirá esperando para tener listo el paquete fiscal para llevar al recinto, pues cerca de las 19 y tras casi 5 horas de debate el senador Ezequiel Atauche anunció un nuevo cuarto intermedio con fecha y hora a confirmar.

El primero en hacer uso de la palabra fue el vicepresidente de la comisión, el puntano Fernando Salino (UP), quien analizó: “Le estamos dando a la reglamentación un espacio que no tiene porque hay potestades que no se pueden tratar por esa vía”, y explicó que reglamentar “no es legislar, es hacer operativa la ley. No se pueden modificar cuestiones propias tan profundas como las que se plantearon a partir de la reglamentación”.

Al respecto, indicó que lo establecido en el artículo 35 “no se puede hacer ni poner en la ley. No puede decir cuáles van a ser las excepciones a un régimen que otorga facilidades, lo tiene que decir la propia ley. Tenemos que trabajar en la comisión para hacer la ley amplia y profunda para que la reglamentación sea un paso operativo nada más”.

Salino valoró que se siga trabajando, que se escuchen todas las voces, pero “deberían ser escuchadas muchas más que nos ayudarían en el tema que es complejo”.

Por otro lado, se refirió al blanqueo de capitales y cuestionó el monto de 100 mil dólares, que se paga en dólares y la base imponible se calcula en dólares: “Es una posición que no compartimos porque esta no es nuestra moneda. Es una cuestión de soberanía”. También criticó que “nada se dice sobre saber el origen de los fondos que, además de grave, es peligroso porque se dejan de lado controles, tiene que ver con el lavado de dinero, con el narco lavado y lo menos que se debería exigir es una explicación del origen de los fondos. Se sugirió una declaración jurada y en principio no fue contemplado”.

En esa línea, también cuestionó que “no puede ser el mismo tratamiento para quien nunca participó de un blanqueo y quienes sí”, pero destacó que se incluya en el artículo 47 a los hermanos que “es algo que falta”.

“No compartimos el artículo 35 porque no se entiende el sentido del mismo, quiénes son los beneficiados. Esto es blanquear la figura del testaferro y no participamos de eso, no nos parece un tratamiento adecuado. Los funcionarios cuando explicaron parecen tener una voluntad, pero la ley dice otra cosa”, rechazó el puntano y sostuvo que “esto se soluciona trabajando poniendo en la ley lo que se quiera decir y cada legislador podrá coincidir o no. Las leyes no trasladan voluntades, sino una letra a la cual tenemos que atenernos todos y, en caso de diferencias, la justicia se va a tener a eso”.

Por otro lado, sugirió extender a 10 años la excepción de los funcionarios a la posibilidad de un blanqueo. “El blanqueo tiene que ver con bienes fuera del sistema, con quien ha evadido y hay un tratamiento similar a la moratoria, pero en una moratoria el contribuyente se auto determina. Se está facilitando las cuestiones para el blanqueo con bienes fueran del sistema con una serie de cuestiones que no compartimos”, manifestó.

El puntano cuestionó: “Es muy grave permitir blanquear a quienes han retenido dinero de los trabajadores y no lo han depositado y a esto se le da un trato exactamente igual que al resto de las cuestiones. Es un tratamiento demasiado ligero”.

Al hablar de bienes personales, Salino señaló: “El incremento del mínimo no imponible es del 786% hace que queden afuera del pago muchos grandes contribuyentes. Esto marca la tendencia de todo el proyecto y nos lleva a no acompañarlo porque en el impuesto a las Ganancias cada vez van a tributar más trabajadores, pero el impuesto a los bienes personales cada vez lo paguen una menor cantidad de grandes contribuyentes”, y anticipó que para fines del 2026 las provincias perderán de recaudación 1,6 billones de pesos por lo que alertó: “Esto no beneficia en nada a las provincias argentinas”.

En este sentido, indicó que uno de los puntos más graves es que por 5 años no están alcanzadas las incorporaciones al patrimonio: “Vemos difícil poder mejorar esta idea con un simple cambio, sino que requiere un cambio profundo”.

Sobre Ganancias, el senador de UP recordó que cuando se dictó el decreto 473/23 “al bajar el mínimo no imponible muchos trabajadores quedaron fuera de la obligación de tributar”. Así, señaló que el proyecto de ley dice que “el Ejecutivo puede aumentar el mínimo no imponible durante 2024, pero si el aumento no se produce, es mucho mayor el número de trabajadores que quedan alcanzados por el impuesto. Recién en 2025 está previsto que se aplique el IPC. Además, el aguinaldo que no estaba incluido, acá queda gravado”.

A su vez, Salino expresó su preocupación por el monotributo social porque “son 600 mil trabajadores los que se ven perjudicados. Lo más factible que suceda es que no tributen nada y esta posibilidad de acercarse a la formalidad, son trabajadores de muy bajos ingresos. Uno de los mayores perjuicios es que muchos dejen de tener su obra social”.

“Más de 1 millón de trabajadores van a quedar incluidos en el impuesto a las ganancias y 125 mil grandes contribuyentes se van a ver beneficiados con la reducción de los bienes personales”, advirtió y cuestionó: “Esto grafica una política y muestra bien hacia quiénes está dirigido este paquete fiscal y es fundamento suficiente para no acompañar. No representa ingresos tampoco ni beneficios”, cerró Salino y agregó: “Nos vamos a sentar para mejorar esta legislación que, en la situación que vive la Argentina, nos resulta difícil imponerlo”.

A continuación, tomó la palabra la bonaerense Juliana di Tullio (Unidad Ciudadana) para consultar si se continuará con la modalidad de traer invitados, a lo que Atauche le respondió: “Desde la presidencia por ahora no vamos a admitir más oradores, vamos a continuar con el debate”.

De forma breve, el titular del bloque UP el formoseño José Mayans lo corrigió al jujeño y le aclaró: “Usted no puede decir que la presidencia no va a admitir, eso es muy arbitrario y muy propio de la visión que ustedes tienen del poder. Usted tiene que decir ‘voy a poner a consideración’ y ahí la comisión decide. Es importante el tema porque nos ayuda a tener una mejor comprensión desde distintos sectores”.

Luego, el senador radical Martín Lousteau pidió la palabra para manifestar: “Tenemos que legislar y entender bien la materia que estamos tratando porque estamos haciendo cambios significativos para la vida de los argentinos como estabilidad tributaria por 15 años. Si las preguntas que tenemos se zanjan técnicamente sin llamar a ningún especialista podemos dar tranquilos el debate, pero ¿eso va a ocurrir? Pero si las respuestas a las preguntas que tenemos no surgen de la comisión, funcionarios o expertos van a tener que venir”, pero aclaró: “No me parece correcto que traigamos 100 o 50 expertos porque es una materia tributaria. Vale la pena apelar a una lista corta porque es una cuestión técnica”.

Al tomar la palabra, el libertario Bartolomé Abdala (San Luis) explicó: “La ley tiene dos aristas claras, por un lado, un blanqueo y, por otro lado, una moratoria. Son particularidades diferentes, pero pareciera que nos sorprendemos cuando somos todos conscientes que todos los gobiernos han hecho este tipo de legislación y de oportunidades para la ciudadanía”.

El puntano aclaró que lo que se busca es “recaudar algo para llevar a las arcas vacías que encontró el Estado el 10 de diciembre y oxigenar a las PyMES que estaban bastardeadas con una economía que viene complicada desde hace tiempo con la inflación. La posibilidad de esta ley es enriquecedora y la gente la está esperando”, y solicitó que quienes no gobiernen acompañen esta ley que la gente está esperando.

El salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) le enrostró al bloque opositor que el día del paro de la CGT, en el que UP no asistió a la reunión de comisión en la que disertaron funcionarios, se han “explicado largamente muchas dudas y hemos tenido respuestas de muchas de ellas. Acá se trata de saber si van a aceptar o si se puede hacer un texto modificado”, y cuestionó: “¿Qué nos puede venir a decir de nuevo la CGT acá, traer a las Madres de Plaza de Mayo?”, por lo que sugirió traer a dos o 3 funcionarios puntuales que terminen de aclarar dudas en torno a alunas modificaciones planteadas.

Tras la insistencia de Di Tullio y del senador Lousteau de traer expertos para que respondan preguntas técnicas sobre el paquete fiscal, el titular de la comisión afirmó: “Propongo que tras el debate llamemos a algún funcionario puntual del Ejecutivo a responder preguntas”. De la vereda de enfrente la bonaerense le planteó hacer un listado de pocos expertos y no solo invitar funcionarios.

A continuación, Di Tullio hizo consideraciones sobre el blanqueo que “habría que modificarlo, tengo muchas observaciones y es una herramienta de todos los Gobiernos que intentan evitar algunas cosas como captación de dólares, pero evitar dinero ilegal, o que se evite la elusión permanente, o que sean solo cinco años para atrás, evitar actos de corrupción”, y pidió prestar atención a los sujetos comprendidos en el artículo 53 y sugirió sacar cualquier suspicacia sobre los fideicomisos ciegos.

También expresó preocupación por el artículo 19 porque “nada indica en la redacción que no se pueda blanquear desde otro país. Yo lo evitaría, pero de no evitarse la trazabilidad sea seria y que el delito trasnacional no pueda blanquear en Argentina y no se convierta en un paraíso fiscal”.

Di Tullio calificó de “vergüenza” el capítulo sobre testaferros que va del artículo 35 al 40 y propuso eliminarlo por completo.

El secretario de la comisión, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR), sugirió que “no deberían poder blanquear aquellos que blanquearon últimamente y tiene que tener un plazo de 10 años como mínimo”. También sugirió sobre el artículo 28 de la base imponible de criptomonedas y criptoactivos para que “se pueda hacer una base imponible que tome la cotización al momento de la incorporación al blanqueo y no una fecha anterior como sugiere el proyecto”.

El chaqueño se refirió al artículo 32 sobre cuentas especiales de regularización y propuso que se incorporen las provincias para que “puedan tener una fuente de financiamiento propia”. Coincidió con sus pares de que los testaferros no pueden estar incluidos y no puedan blanquear y que el blanqueo de funcionarios sea de 10 años. Además, rechazó que se incorpore a los hermanos y descendientes.

Sobre bienes personales, sugirió que no se aplique el sistema especial y alícuota diferencial entre quienes tributan bienes y quienes tributarán producto del blanqueo, sino que “tiene que tener una tasa más alta”. Con respecto al impuesto a las Ganancias planteó que “se tenga en cuenta la deducción de los intereses de los Créditos UVA”, y expresó preocupación sobre la eliminación de la categoría del monotributo social.