Trabajadores y delegados de Radio Nacional Tucumán, junto a la comisión directiva de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT) y la CTA de los Trabajadores, se reunieron en asamblea este jueves a los fines de coordinar una estrategia de "resistencia" a los intentos de cierre de la emisora por parte del gobierno de Javier Milei y rechazar cualquier acción que amenace la estabilidad laboral de los 18 profesionales que se desempeñan allí.

La medida se decidió luego de que el interventor de Radio y Televisión S.E, Diego Chaher, comunicó que se suspendia "temporalmente" todo tipo de emisión y/o transmisión en redes sociales y en los portales web de Radio Nacional y la TV Pública, "con el ojetivo de profundizar los procesos de organización, reestructuración y planificación de la comunicación promocionada, producida y de difusión de la empresa RTA S.E".

Esta situación se suma al cesanteo de todo el personal contratado de las 49 emisoras de Radio Nacional, el fin del pago de las horas extras y feriados, y el desplazamiento de todos los directores, con el objetivo de unificar la supervisión y control de toda la producción de contenido que se difunde en todo el país en manos de la Gerente de Medios Digitales e Institucionales, Agustina Zeballos (quien a la postre viene cambiando de cargos en el Estado desde la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner). Un golpe al mentón del federalismo y la pluralidad de voces que allana el camino para un eventual cierre o privatización.

"Estamos apoyando y organizando la resistencia, no solamente a este apagón nacional, sino por la incertidumbre de no saber que va a pasar con los medios públicos, Radio Nacional, la TV Pública y Télam, que sabemos que van camino a la privatización. Esto es altamente negativo, no solamente por la fuente de trabajo de nuestros compañeros, sino por la pluralidad y la necesidad que tiene el pueblo de estar informado", expresó el secretario general de la APT, Oscar Gijena.

Sobre la situación de los trabajadores de la radio, detalló que están en riesgo de perder sus puestos laborales unos 18 profesionales de planta permanente, que se sumarían a los 4 contratados que fueron cesanteados al inicio de la gestión Milei. "Son compañeros que tienen que solventar el plato de comida y pagar el colegios de sus chicos en un contexto crítico, en el que aumentan los alimentos y en donde el dólar sigue subiendo", agregó.

Para Gijena, esta política de motosierra que implementa el presidente es posible porque "tiene respaldo popular, y por el respaldo de algunos actores políticos irresponsables que votan estas normas -ley ómnibus- en el Congreso". "Sacaron una media sanción de una ley bases, que afecta a todos nuestros compañeros, con 140 votos, cuando la La Libertad Avanza tiene 40 diputados. Por eso hemos propuesto ponerle nombre a quienes hacen que esto sea posible. Varios de los que aprueban el cierre de los medios públicos son tucumanos, caminan las calles con nosotros, pero van y votan esta ley, que también apoya el gobernador tucumano -Osvaldo Jaldo-", sostuvo.

Y en una clara alusión a los diputados del bloque Independencia (Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla), consideró que "hay que ponerles cara, porque acá traicionar a los trabajadores es gratis, por eso hay que comenzar a ponerle nombre y apellido a quienes hacen posible el despido de nuestros compañeros, para que todos los trabajadores que están en contra de esta ley sepan quienes son".

Una norma que amenaza la estabilidad laboral

La ley bases propuesta por el gobierno -y que ya cuenta con media sanción en Diputados- establece varios aspectos que le permitirán al presidente agilizar su motosierra. Si el Senado ratifica el proyecto, el gobierno podrá despedir a trabajadores de planta permanente bajo el solo pretexto de reestructurar organismos, órganos o empresas públicas y podrá ejecutar traslados de personal sin el consentimiento del trabajador, entre otras medidas que son necesarias para la ejecución del plan de destrucción de todo lo estatal que tiene en mente Javier Milei.

Pero la sanción de la ley ómnibus no solamente preocupa a los trabajadores de los medios estatales, ya que además de modificar la ley de empleo público, la normativa impulsa una reforma regresiva de quita de derechos laborales que viene siendo denunciado por los gremios de todos los sectores. 

En este marco, el próximo 29 de mayo se reunirán referentes de sindicatos nucleados en la CTA de los Trabajadores, en el marco de un encuentro de gremios de trabajadores de la cultura y la comunicación. "Vamos a analizar y definir como plantamos una contracultura que resista la cultura que propone Milei", señaló Gijena, quien también es titular de la CTA en Tucumán.

Desde la central que conduce Hugo Yasky entienden que Milei "llegó al gobierno con la asistencia de medios de comunicación y hoy está sostenido por una red de medios y de redes sociales, hábilmente manejadas, que reproducen un discurso disruptivo que permea en la juventud y en grandes sectores de la opinión pública".

En este sentido, el delegado provincial de la Central consideró que "no estamos, ni desde la comunicación, ni desde la dirigencia política, logrando perforar ese discurso a pesar de todas las medidas perjudiciales que está tomando. Hay una débil resistencia al discurso y las medidas perjudiciales para los trabajadores. Los trabajadores de los medios estamos llevando adelante una pelea árdua, difícil, sin amparo político".

"Tenemos que tener nuestra voz encendida para denunciar todo esto. El poder político hoy está encolumnado detrás de Milei porque es el que tiene la lapicera, sino preguntenlen a Jaldo", disparó.

En este contexto, Gijena manifestó que el próximo 7 de junio (Día del periodista) no habrá demasiados motivos para celebrar, pero si muchos para organizarse y dar muestras de unidad. "Es el peor día del periodista de la historia. Hemos pasado la crisis del 2001/2002, pasamos otras crisis económicas, pasamos Macri, y nunca vivimos esto. Diputados que votan la flexibilización laboral, los fondos de las obras sociales no alcanzan, los medicamentos subieron un 700%, los salarios perdieron su poder de compra".

Por último, propuso la realización de un nuevo Congreso de la APT (no se lleva a cabo desde la pandemia de Covid-19), con el objetivo de discutir una redefinición del concepto de trabajador de prensa para incluir a los profesionales que se desempeñan en redes sociales, canales digitales y otros medios tecnológicos. "Hoy hay compañeros que se desempeñan en redes sociales y stream, hay youtubers, tenemos que realizar nuestro Congreso propio y definir quien es trabajador de prensa y que posibilidades tenemos de llevar adelante una política que saque a todos los compañeros de la precarización", sentenció.