Repudio de la APT a la restricción policial a una periodista para ingresar a Casa de Gobierno

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El gremio de prensa y la CTA de los Trabajadores repudiaron el accionar de la Policía que impidió que una periodista ejerciera debidamente su profesión, obstaculizando el derecho de informar a la población.

En un nuevo episodio que atenta contra la libertad de prensa, la periodista Marisa Suárez denunció que efectivos policiales obstaculizaron el libre ejercicio de su profesión, impidiéndole ingresar en tiempo y forma a Casa de Gobierno, en donde se realizaba una importante reunión entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Rossana Chahla.

Según denunciaron desde el sindicato, se trata -lamentablemente- de una práctica que se está difundiendo cada vez más entre las fuerzas de seguridad, volviéndose sistemática. En ese sentido, sostienen que el respeto al trabajo periodístico es fundamental para garantizar una verdadera democracia y, por lo tanto, es responsabilidad de los gobiernos garantizar el libre ejercicio del periodismo.

El comunicado de la APT y la CTA

La Asociación de Prensa de Tucumán y la CTA de los Trabajadores - Tucumán se solidarizan con nuestra compañera Marisa Suárez quien, en el ejercicio de su profesión, fue impedida por personal policial apostado en el acceso por calle San Martín de acceder a la Casa de Gobierno a tiempo para cumplir con su trabajo.

El trabajo periodístico debe ser defendido de manera irrestricta por parte del Gobierno a cargo del Estado provincial, debiendo ser garante del respeto a las normas convencionales con rango constitucional que protegen el derecho de informar de la prensa y el de estar informados de la población en general. Estos derechos no pueden ser condicionados por el personal de seguridad y el Gobierno debe asegurar que los funcionarios policiales estén capacitado para entenderlos, respetarlos y hacerlos respetar.

Denunciamos públicamente este hecho ante todas las organizaciones a las que tenemos alcance porque, además, este tipo de acciones comienzan a ser sistemáticas por parte de las fuerzas de seguridad, a la vez que reclamamos a las autoridades provinciales sin alcance a áreas de información pública, para que se tomen las medidas para que se pidan las aclaraciones correspondientes y se identifique a los responsables de no dejar trabajar a Marisa Suárez.

Por otra parte, este sindicato va a tomar las medidas, esperamos que junto al Gobierno, para que la identificación de los y las trabajadoras de prensa sea inequívoca en la vía pública y que la policía esté debidamente instruida para asegurar que el trabajo se haga con la libertad por la que siempre luchamos.

Si a la precariedad de recursos y salarios con los que trabajan nuestros compañeros y compañeras, ahora le sumamos más atropellos, la función de informar está en peligro.