El origen de esta compleja trama se remonta a la viralización de una grabación. En este audio, que data de septiembre de 2024 y fue difundido el 5 de junio de 2025, se escucha una conversación entre Campos y Giménez. En la charla, se mencionaban supuestos vínculos de funcionarios con narcotraficantes de la zona, lo que derivó en la intervención del municipio y la apertura de dos expedientes judiciales.

Por un lado, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz inició una investigación contra Campos, su pareja, la legisladora Sandra Figueroa, el exsecretario de Hacienda José Roldán, y el supuesto empresario de la construcción Giménez. A todos ellos se les imputó haber integrado una asociación ilícita, lavado de activos y narcotráfico.

Paralelamente, la fiscala García de Targa, tras obtener la autorización de un juez de garantías, abrió otro proceso contra "Chipi" Giménez y Campos. A Giménez se le acusó de atentar contra la paz social y se le dictó prisión preventiva por seis meses, siendo trasladado al penal de Benjamín Paz. Hasta ese momento, la fiscalía solo había encontrado indicios de que Campos habría incumplido con los deberes de funcionario público al no denunciar los ilícitos mencionados en la grabación.

Sin embargo, la situación de Campos dio un giro inesperado en las últimas horas. La fiscala García de Targa decidió ampliar la investigación en su contra, incorporando nuevos y graves cargos. La representante del Ministerio Público sostiene que el exfuncionario no era ajeno a la grabación que realizó Giménez y que la misma fue parte de un plan deliberado.

"Usted, señor Luis Armando Campos, mantuvo una comunicación telefónica con Giménez en el cual se advierte que ambos comparten intereses comunes y conocimiento sobre determinados hechos delictivos", argumentó la fiscala. Además, agregó: "Así, con el fin de causar desórdenes y atentar contra la paz y el orden público del municipio, junto con Giménez y personas desconocidas al momento de la investigación grabaron dicha conversación y la filtraron haciendo uso de las redes sociales (TikTok, Facebook y WhatsApp, etc) para que la misma llegara a conocimiento de la sociedad". Estas afirmaciones fundamentan la nueva investigación por intimidación pública.

La fiscala también señaló que "dicha conversación refería a que debía ejercerse el poder mediante el manejo de la policía, la comercialización de droga e, incluso, el control sobre la vida y la muerte de los habitantes del municipio, logrando el orden público a tal punto que la situación derivó en la necesidad de intervención del municipio por parte del Poder Ejecutivo el 9 de junio de 2025". Por esta razón, García de Targa considera que Campos también debería ser investigado por encubrimiento agravado.

Finalmente, la funcionaria judicial reiteró el cargo de incumplimiento de los deberes de funcionario público, argumentando que Campos, en su rol de intendente, "tenía conocimiento de los delitos a los que Giménez hacía alusión, sin haber denunciado oportunamente dichos hechos a la autoridad competente, pudiendo hacerlo, y pese a tener el deber legal de denunciar afectando de este modo el normal desenvolvimiento de la administración pública".

Tras notificar esta ampliación de la investigación, la fiscala García de Targa deberá definir la fecha para solicitar la audiencia contra Campos. La situación del exintendente se complejiza al ser acusado de haber cometido más delitos que el mismo Giménez, quien solo fue procesado por intimidación pública.

Además, en la audiencia contra "Chipi" Giménez, el auxiliar Bernardo Sassi, bajo instrucciones de García de Targa, solicitó la prisión preventiva argumentando que podría entorpecer la investigación al amenazar testigos o alterar pruebas. Se espera que este mismo criterio sea aplicado contra el exintendente, quien mantuvo vínculos con el poder del municipio durante más de 20 años.