Por requerimiento de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPF, que conduce Mariana Rivadeneira, se llevó a cabo este jueves una audiencia en la cual se presentó ante un juez un acuerdo de juicio abreviado, firmado conjuntamente con Miguel Gustavo Morales. El abogado enfrentaba cinco causas penales por diversos hechos, entre los cuales se destaca su participación en el intento de sedición policial ocurrido a principios del año pasado en la provincia. También se encontraba imputado por haber presentado un mismo testigo falso en al menos tres causas judiciales en las que actuaba como abogado particular.

Durante la audiencia, la fiscal Rivadeneira y la auxiliar Brenda Deroy, relataron en detalle cada uno de los ilícitos atribuidos al letrado, adjuntando cerca de un centenar de evidencias reunidas durante la instrucción que respaldaron todas las acusaciones.

“Recordemos que el señor Morales es abogado, y que durante la comisión de los hechos endilgados surge que el mismo estaba en pleno ejercicio de su matrícula, y que alguno de ellos incluso acentúan la gravedad dado que fueron cometidos en causas en las que el mismo intercede con calidad de representante de alguna de las partes”, argumentó la representante del MPF.

Culpable


A su turno, Morales reconoció su culpabilidad por haber instigado a efectivos policiales, a principios del año pasado, a llevar a cabo sedición policial en un intento de protesta. La fiscalía le atribuyó que entre fechas 29 de enero y 25 de febrero de 2024, con el fin de instigar a un número indeterminado de efectivos policiales a levantarse contra la superioridad policial, grabó videos que publicó en redes sociales.

Asimismo, el letrado asumió haber presentado a un hombre como testigo falso en diversas causas. Morales determinó a este para que preste declaración ante la autoridad competente, faltando a la verdad en calidad de testigo en diferentes procesos penales en los cuales el letrado ejercía la representación legal de alguna de las partes intervinientes, y en las cuales ofreció a dicho testigo para realizar afirmaciones falsas, perjudicando a la administración de justicia y la fe pública judicial
Por otro lado, admitió su responsabilidad en otras tres causas más por desobediencia judicial, por haber facilitado a un medio de comunicación (pese a que había una prohibición en su contra de hacerlo), información sensible de una causa; así como también el hecho de haber entorpecido el desarrollo de un juicio notificado debidamente con antelación.

En consecuencia, el juez Guillermo Di Lella resolvió declarar al letrado autor penalmente responsable por los delitos de Desobediencia Judicial reiterados, Instigación a Cometer Delito, Turbación de un Acto Legítimo de la Autoridad, y Falso Testimonio reiterado en calidad de instigador.

La pena arribada es de tres años de prisión de ejecución condicional, la imposición de reglas de conducta y la inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de condena (seis años).

La sentencia quedó firme por renunciamiento de las partes a cualquier recurso de apelación.