La denuncia del gobierno fue presentada el lunes y la ministra Patricia Bullrich aseguró que la filtración de las grabaciones “forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno nacional”.

Como primera medida, Stornelli aseguró que no se realizarán allanamientos ni pedidos de entregar fuentes de periodistas. “En primer lugar, debo decir que en la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca”, aseguró el fiscal.

En ese marco, Stornelli recordó que los periodistas están amparados en el artículo 43 de la Constitución Nacional.

En la demanda, se remarcó que hubo una edición clandestina de audios y su posterior difusión con fines políticos, justo en la antesala de las elecciones legislativas. La gravedad institucional —insisten— se potencia por la posibilidad de que las grabaciones se hayan realizado dentro de la propia Casa Rosada.

El Gobierno pidió como medida cautelar urgente la prohibición de cualquier nueva publicación, reproducción o circulación de los registros obtenidos ilegalmente, y solicitó al juez que disponga allanamientos y peritajes digitales para determinar el origen, edición, metadatos y cadena de custodia de los audios.

Para el Ejecutivo, el fin de la difusión de los audios es “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral”.

Vincula el caso a un contexto internacional, mencionando denuncias de “redes de espías rusos” en la Argentina y operaciones de desinformación en países como Rumania, Polonia y Francia, con la finalidad de influir en procesos electorales.

En paralelo a la vía judicial, la Casa Rosada trabaja para determinar si los audios fueron intervenidos digitalmente y si el contenido fue editado con fines de manipulación política.

En una de las grabaciones, Karina Milei habla de tensiones internas dentro del oficialismo en el marco del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires.

En otra, se la escucha afirmar: “Acá no tienen que estar las 24 horas porque entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

Según la denuncia, las prácticas desplegadas violan artículos centrales de la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe expresamente a cualquier actor público o privado realizar acciones de espionaje, manipular la opinión pública o influir en procesos políticos.

“La democracia presupone un debate público transparente. Naturalizar estas prácticas equivale a legalizar la extorsión política y periodística, travestida como libertad de prensa”, sostuvo la demanda.

Además, se advirtió que cualquier nueva difusión de audios será considerada una prolongación del delito inicial, y no un hecho aislado. La estrategia denunciada incluye —según el Gobierno— una secuencia cíclica de “rumores, filtraciones, difusión y especulación política”, que se renueva cada vez que el impacto mediático comienza a perder efecto.

“La intervención judicial resulta imprescindible para reafirmar que ninguna operación de este tipo puede mancillar la soberanía popular ni suprimir las reglas de juego sobre las que se desarrolla la contienda electoral”, concluyó la presentación.