El Tribunal Oral Criminal Federal N°1 de Rosario dictó ayer la absolución de los 17 imputados en la causa conocida como “El Villazo”, en la que se juzgaban los secuestros y homicidios de trabajadores metalúrgicos y ferroviarios durante la represión desatada en marzo de 1975 en la zona industrial de la ciudad de Villa Constitución.

Por mayoría -y con un voto en disidencia-, el tribunal no hizo lugar a los pedidos de condena realizados durante los alegatos por el Ministerio Público Fiscal, representado en esta etapa por el fiscal general Adolfo Villatte, titular de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad del Distrito Rosario, y los auxiliares fiscales Juan Patricio Murray y Alvaro Baella, que habían solicitado penas de prisión perpetua y de entre 10 y 25 años de prisión para los acusados.

Las absoluciones alcanzaron a dos exdirectivos de la siderúrgica Acindar, 14 exefectivos de la Policía Federal y a otro de la policía provincial, todos ellos acusados de haber participado en hechos calificados como privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos, homicidios agravados y asociación ilícita.

En su voto mayoritario, los jueces Ricardo Moisés Vásquez y Omar Paulucci tampoco hicieron lugar al pedido del MPF para que se declarase la inconstitucionalidad de los decretos N°1368/74 y N°2717/75, cuya aplicación puso a las víctimas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional bajo la excusa de integrar un complot subversivo.

Los mismos magistrados tampoco hicieron lugar a la solicitud de que se declarase como centro clandestino de detención al predio "Albergue de Solteros" de la fábrica Acindar.

En un voto disidente, el juez Germán Sutter Schneider consideró que diez de los casos constituyeron delitos de lesa humanidad, por lo que concluyó que correspondía una pena de 8 años de prisión para el expolicía Roberto Álvarez, como autor del delito de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público, mediando violencia y amenaza, al igual que una condena de 6 años para uno de los exdirectivos de Siderar, Roberto Pellegrini, en calidad de partícipe necesario.

Ante este escenario, desde la Unidad de Derechos Humanos confirmaron que esperarán los fundamentos de la sentencia -que se darán a conocer el 6 de febrero de 2026-. para apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal.

El caso

De acuerdo a la reconstrucción histórica planteada por la unidad fiscal en su requerimiento, un conflicto gremial de 1974 aumentó la tensión entre el empresariado metalúrgico y los sindicatos.

"Las autoridades políticas, en connivencia con los empresarios, y a través de las fuerzas armadas y de seguridad, decidieron aplicar un programa represivo -que luego se profundizó- en Villa Constitución, cuyos principales objetivos fueron disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas", se describió en la acusación.

El 20 de marzo de 1975 la ciudad fue "literalmente militarizada e invadida por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Prefectura, las policías provinciales de Santa Fe -incluyendo a la división de guardia rural “Los Pumas”- y de Buenos Aires, grupos parapoliciales de la Triple A y de la Juventud Sindical, personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado y del Ejército", agregó.

En total, unos 4.000 efectivos a bordo de 105 vehículos que, según se describió, "hicieron pinzas en las salidas de las fábricas y se llevaron detenidas alrededor de 300 personas; entre ellos, todos los directivos de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) local, la Comisión Interna de Acindar, más distintos activistas".

La represión se generalizó y hubo homicidios y allanamientos a las viviendas de los trabajadores y al comité local de la UOM, que fue intervenida. Los trabajadores iniciaron una huelga que se extendió durante 60 días, que contó con el apoyo mayoritario de los metalúrgicos, de los sindicatos industriales del cordón y de las fuerzas democráticas.

Según el requerimiento de elevación a juicio, a partir de ese momento “se inició una verdadera cacería que perduró hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y continuó con posterioridad, aunque adquiriendo otras características. La estrategia de aniquilamiento de la resistencia obrera fue notoria en todo el cordón industrial y, en nuestra zona, no sólo incluyó a Villa Constitución, sino también a Rosario, San Nicolás y San Lorenzo. Esa fue la dimensión de la represión a ese colectivo de trabajadores; todo estaba orientado a detener a una vanguardia sindical que cuestionaba al viejo modelo".

La acusación abundó también en el relato sobre la finalidad económica que tuvieron los hechos represivos en Villa Constitución, como banco de pruebas de un cambio de matriz que comenzó a concretarse a partir del 24 de marzo de 1976 con la asunción de Alfredo Martínez de Hoz, expresidente de Acindar S.A., en el cargo de ministro de Economía de la Nación.

La pieza acusatoria también detalló que las víctimas secuestradas en esos días fueron trasladadas a la jefatura policial de Villa Constitución, a la Delegación Rosario de la Policía Federal, al “Albergue de Solteros” de Acindar, a la jefatura de Policía de Rosario, a la Prefectura, a la Brigada de San Nicolás, al edificio de Coordinación Federal y al propio local de la UOM, "lo que demuestra la coordinación y planificación entre las fuerzas represivas”./fiscales.gob.ar