Presentamos junto a la Asociación de Prensa de Tucumán (APT)  una solicitud ante la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas, Irene Khan, a fin de requerir el otorgamiento de un llamamiento urgente al Estado argentino frente a un grave hecho de censura judicial ocurrido en la provincia de Tucumán.

El pedido se fundamenta en una medida cautelar dictada el 4 de noviembre por el juez subrogante Lucas A. Taboada, quien ordenó a un multimedio provincial, junto a sus periodistas y productores, cesar la difusión de todo contenido que “injurie, desacredite o distorsione” la actuación de fiscales y magistrados. La resolución también establece la prohibición futura de emitir opiniones críticas hacia el Poder Judicial local, bajo amenaza de sanciones penales.

Desde ANDHES y la APT consideramos que esta decisión constituye un caso manifiesto de censura judicial previa, prohibida por los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y un grave retroceso para la libertad de expresión y de prensa en Tucumán. La presentación destaca que la medida judicial no busca proteger derechos individuales, sino que se utiliza de manera coercitiva para silenciar voces críticas hacia el funcionamiento del sistema judicial provincial.

“La censura nunca puede ser una respuesta legítima en democracia. El periodismo libre y crítico cumple una función esencial para la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando se lo persigue o se lo calla, lo que está en riesgo no es solo la libertad de prensa, sino el propio tejido democrático”, señaló Florencia Vallino, directora ejecutiva de ANDHES.

“Desde el gremio de trabajadores y trabajadoras de prensa sostenemos que vulnerar derechos esenciales como la libertad de expresión y el acceso a la información —entendidos como bienes sociales y derechos humanos— socava las bases mismas de un sistema democrático y republicano”, destacó Diego del Jesús Tomas, secretario gremial de la Asociación de Prensa de Tucumán.

Desde ANDHES, expresamos nuestra profunda preocupación frente a este intento de instalar la censura previa como mecanismo judicial para disciplinar la crítica pública. Defender la libertad de expresión y el ejercicio independiente del periodismo es condición indispensable para la calidad democrática y para el control ciudadano de las instituciones. El silenciamiento de voces críticas no solo afecta a los medios o periodistas involucrados, sino que empobrece el debate público y restringe el derecho de la sociedad a estar informada.

En el escrito presentado ante la ONU, las organizaciones recordaron que la libertad de expresión es una piedra angular de toda sociedad democrática, tal como lo reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos, y que ninguna autoridad puede imponer restricciones preventivas a la labor periodística.

Asimismo, citaron el informe de la Relatoría Especial de 2022 sobre la seguridad de periodistas y el fortalecimiento de los medios en la era digital, que advierte sobre el uso indebido de leyes y procesos judiciales para intimidar o censurar periodistas, una práctica que vulnera el derecho de la sociedad a estar informada.

La solicitud de llamamiento urgente busca que la Relatoría inste al Estado argentino a adoptar medidas inmediatas que garanticen el pleno respeto a la libertad de prensa en la provincia de Tucumán, conforme a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.