Más allá de la estabilidad macroeconómica, la pobreza en la Argentina se ubicó en 36,3% al cierre del tercer trimestre, mientras que la indigencia afectó al 6,8%, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) que elabora la Universidad Católica Argentina (UCA) en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Si bien se observa una baja respecto al tercer trimestre de 2024 (45,6%y 11,2%, respectivamente, su valor más alto desde 2005), la estabilización todavía no se traduce en mejoras reales en el bienestar.

La fotografía que deja el 2024 es la de una sociedad que respira un poco mejor que hace un año, pero que sigue atrapada en un mapa de precariedades que no cede. Un orden social partido, una estructura productiva que no absorbe y un conjunto de hogares para los que la recuperación sigue siendo una promesa de segundo orden.

El documento, “Estrés y bienestar en una Argentina en transición” de la UCA, muestra que la Argentina transitó un proceso de “ajuste más normalización”, pero no un proceso de desarrollo.

Eso se traduce en una paradoja: bajó la inflación, se ordenaron precios relativos, se redujo la nominalidad y el Estado recuperó capacidad fiscal, pero la cotidianeidad de millones de hogares sigue marcada por ingresos insuficientes, menor calidad laboral, inseguridad alimentaria persistente y un nivel de malestar subjetivo que no encuentra piso.

Desde la UCA se advierte que la caída que se ve en los números oficiales está inflada por cambios en la captación de ingresos de la EPH. Sin esa corrección, la baja sería considerablemente menor.

En esa línea, se observa que la pobreza se toma por ingresos, pero las canastas son en base a consumos de 2003-2004, ya que aún no se actualizó en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018.

“Al mismo tiempo, una ponderación actualizada modificaría la evolución de la pobreza, ya que capturaría mejor el impacto del encarecimiento de los servicios desde la segunda mitad de 2024. En otros términos, con una canasta más actualizada, la pobreza habría aumentado menos tras la devaluación de diciembre de 2023, pero también habría mostrado una reducción más lenta en los trimestres posteriores”, destacan.

El informe reconstruye, además, el desgaste acumulado durante más de una década. La salida del modelo que dominó la posconvertibilidad -y que terminó exhausto en sus fundamentos- abrió paso a un esquema que apuesta a sectores de alta productividad y baja demanda de trabajo. Esa arquitectura puede ordenar las cuentas, pero no garantiza inclusión. Y, sin políticas que acompañen la transición, corre el riesgo de profundizar la fractura entre integrados, vulnerables y excluidos. En el mercado laboral se identifica el corazón del problema.

La mejora en la inflación no alcanzó para recomponer salarios reales, ni mucho menos para frenar el deterioro de la calidad del empleo.

Actualmente el 33,1% de los hogares se encuentran fuera de la afiliación al sistema de seguridad social. “Entre 2023 y 2025 el déficit permanece alto y tiende a ser más intenso entre los hogares más vulnerables. La mejora reciente en ingresos no se traduce en mayor cobertura contributiva; los estratos bajo y muy bajo continúan en los niveles más elevados de la serie”, subrayan.

Aun con una macro más ordenada, la sensación de agobio, angustia y agotamiento se mantiene en niveles altos.

El estrés económico, si bien baja del 50% en 2024 al 46,8% en 2025, aún permanece en niveles altos, por encima de 2022.

“Durante la crisis/ajuste, los estratos más bajos son los que más retroceden. En la fase posterior, mejoran sobre todo los estratos medio bajo y bajo. Durante la fase de estabilización, en el estrato muy bajo persiste e incluso se profundiza la cronicidad en condiciones de estrés económico. Asimismo, el estrato medio alto no manifiesta mejoras muy pronunciadas a través de este indicador, como sí sucede con la medida tradicional de pobreza por ingresos”, analizan.

El informe cierra con una advertencia, si bien la estabilización puede ser una condición necesaria, pero no es suficiente para recomponer la movilidad social ni reducir la desigualdad. El país necesita un puente entre el orden macro y la inclusión micro. La pregunta es si el nuevo régimen económico puede construirlo o si, por el contrario, quedará confinado a administrar un equilibrio social cada vez más pequeño./ambito.com