La estafadora utilizaba el vínculo de confianza o vecindad con los adultos mayores para engañarlos. Les aseguraba que habían sido seleccionados para un aumento en sus haberes de ANSES. Les solicitaba fotos del DNI y fotos del rostro (datos biométricos) con la excusa del trámite.

Con esa información, creaba cuentas bancarias o tomaba el control de las existentes, solicitaba préstamos a nombre de los abuelos y transfería el dinero a sus propias cuentas.

Las víctimas y el daño económico

Las maniobras comenzaron a finales de 2024 y fueron descubiertas en 2025, cuando los jubilados notaron deudas impagas por préstamos que nunca solicitaron:

Antonia y Pedro (64 y 67 años): Sufrieron un perjuicio superior a los 3,5 millones de pesos.

Conrado (70 años): Amigo del padre de la imputada, a quien le solicitó un préstamo de casi 3,8 millones de pesos.

El polémico fallo judicial

La causa fue investigada por la Fiscalía de Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila. El desenlace se dio mediante un juicio abreviado, un año de prisión condicional (en suspenso) y reglas de conducta.

Las víctimas expresaron su dolor y disconformidad en la audiencia: "Somos personas grandes y nos hizo pasar momentos muy difíciles", declaró uno de los damnificados.

El juez Guillermo Taylor aclaró que la condena solo es penal. Para intentar recuperar los millones robados, los jubilados deberán iniciar un nuevo juicio por la vía civil, lo que implica más tiempo y costos legales para ellos.