En una sesión clave para la política económica del oficialismo, el Senado de la Nación aprobó la Ley de Inocencia Fiscal. Esta reforma integral redefine el límite entre una falta administrativa y un delito penal, marcando un cambio de paradigma en la relación entre los contribuyentes y el Estado.

El fin de la "criminalización" de infracciones menores

El eje central de la ley es la elevación sustancial de los umbrales económicos. Con los nuevos montos, las evasiones de menor escala dejarán de ser tratadas en el fuero penal, permitiendo que el conflicto se cierre en el ámbito de la AFIP mediante el pago de multas, intereses y la regularización de la deuda.

Esta medida busca "descomprimir" los tribunales federales y priorizar la recaudación directa. Según el texto aprobado, se habilita la extinción de la acción penal para quienes cancelen sus deudas, anteponiendo el ingreso de divisas al castigo judicial.

Principales beneficios y cambios operativos

La normativa introduce tres pilares que impactarán en el día a día de los contribuyentes:

Régimen Simplificado de Ganancias: Se crea un sistema menos burocrático para contribuyentes que no califican como "grandes empresas", buscando mayor previsibilidad tributaria.

Flexibilización de controles: Se reducen las auditorías automáticas sobre movimientos financieros, otorgando mayor libertad de flujo económico a los usuarios.

Fomento a la formalización: La ley está diseñada para que ahorros que actualmente se encuentran fuera del sistema bancario puedan reingresar a la economía formal sin el riesgo de enfrentar procesos penales inmediatos.

Impacto y controversia

Para el oficialismo, esta ley es una herramienta de reactivación económica que elimina "palos en la rueda" para los sectores de ingresos medios y altos. "Es una forma de ordenar el sistema y dar seguridad jurídica a quien quiere invertir", señalaron fuentes legislativas.

Sin embargo, desde la oposición y sectores técnicos han surgido críticas respecto a la equidad fiscal. Los detractores sostienen que la relajación de los controles podría beneficiar desproporcionadamente a sectores con mayor capacidad contributiva, debilitando el poder de fiscalización del Estado frente a posibles maniobras de evasión complejas.